Medina al juez: «Soy un bróker de materias primas; nunca quise defraudar»

En su corta declaración ante el juez, Medina y Luceño han señalado que no solo no hicieron nada ilegal, sino que el proveedor malayo fue quien acordó la letra pequeña de sus millonarias gratificaciones. Ambos han declarado este lunes al juez Carretero que el empresario asiático San Chin Choon fue la persona que impuso los sobrecostes -de entre el 60% y el 80%, según el fiscal- que se aplicaron a las mascarillas, los guantes y las pruebas diagnósticas de la covid-19, que llegaron al consistorio en plena primera ola de la pandemia, en abril de 2020.

Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, que apenas ha durado media hora para cada uno de los investigados, han explicado la coincidente estrategia planteada en su primera comparecencia ante el instructor. Una línea de defensa que coincide con la falta de colaboración hasta el momento del empresario malayo, tal y como comunicó hace unos días al órgano judicial.

«La comisión la paga el vendedor. Se firma un acuerdo de confidencialidad que te prohíbe decir nada. En cualquier operación de compraventa nunca se dicen las comisiones. Luceño llegaría a un acuerdo con Leno (la mercantil que vendió el material sanitario)», ha declarado Medina al juez.

«Fue una operación limpia con el Ayuntamiento de Madrid. En cinco días se hizo el contrato. Yo no puse el precio (de la comisión). Lo hizo San Chin Choon, el suministrador. No sabía lo que iba a ganar hasta que se cierra la operación. Me llevé el 47%, que en nuestro trabajo es un porcentaje normal», ha replicado Luceño en su comparecencia.

Medina, que se presentó ante el juez como un «bróker de materias primas, carne, alimentación o minería» y que antes de este contrato nunca había trabajado con material sanitario, ha confirmado que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Se trata del abogado Carlos Martínez-Almeida, a quien Medina llegó a través de una amiga en común con el letrado, María Díaz de la Cebosa, directora de una universidad privada. Al letrado, ha declarado el investigado, «no lo conocía de nada» pero le llamó porque imaginó que al ser primo del alcalde «me podría dar un contacto con el ayuntamiento». Este colaboró y le dio un mail de la funcionaria Elena Collado, responsable de compras del consistorio. Y a partir de ahí, ha relatado, se empezó a gestionar la adjudicación del material sanitario.

El juez ha interrogado a los comisionistas por la presunta comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el caso de Medina, se le investiga también por un presunto alzamiento de bienes, que él rechaza porque, ha declarado, «el fiscal nunca me dijo que tuviera prohibido disponer de ese dinero ni que fuera delictivo». «No tengo intención de defraudar y no tengo un solo euro en el extranjero», ha añadido.

El aristócrata ha llegado pasadas las 11.40 horas en taxi a las dependencias judiciales. Nada más salir del vehículo, ha sido rodeado por decenas de periodistas que le esperaban en la puerta y ha llegado a la entrada a empujones. Incluso en algún momento se ha golpeado contra las vallas de acceso.

Los investigados solicitaron al decanato de los juzgados acceder en coche a los juzgados, pero se les denegó la petición. En el pasillo, Luis Medina ha coincidido con Alberto Luceño, pero se han sentado con distancia entre ellos separados por dos bancos, según fuentes jurídicas. Sin embargo, nada más verse se han saludado y cada uno se ha ido rápido a su asiento.

La amistad entre ambos data de 2018, han coincidido ante el juez. Siempre en el mundo de las materias primas y con red de contactos en China, pero tras estallar la pandemia se les ocurre «a ambos» la posibilidad de proveer al Ayuntamiento de Madrid de material sanitario después de que los suministradores les empezaran a llamar. Medina hizo las veces de «facilitador, de mandatario», según Luceño, y este de «agente comercial» entre la mercantil malaya Leno (proveedor) y el consistorio madrileño a través de la funcionaria Elena Collado.

Luceño ha relatado al juez su relación con la empleada pública, que declarará como testigo en mayo. Ha confirmado el episodio de la partida de guantes que hubo que devolver por su mal estado, una circunstancia que fue comunicado al suministrador asiático. «Elena (Collado) me dijo que nos estaban estafando y yo me enfadé con ella. Después me dijo que la sensibilidad de los test rápidos era buena y al mes y pico me advirtió de que estaba fallando uno de los lotes. Devolvimos unas 70.000 unidades. Sobre los guantes, me explicó que había visto algunos más baratos en el supermercado y yo le respondí que era imposible. Mi intención era ayudar al ayuntamiento y cobrar por mi trabajo», ha asegurado.

Sobre la falsedad documental imputada por el juez, Luceño ha declarado que ningún documento presentado ante el banco fue falso, que «solo hay una errata en la fecha», y que las firmas son efectivamente las de Medina y del empresario San Chin Choon. Por el contrario, el fiscal recogió en su querella que esas firmas estaban «falsificadas».

Respecto a la atribución del delito blanqueo de capitales, Luceño ha explicado que él tiene unos gastos anuales de unos 330.000 euros, que hasta la fecha vivía en un piso de alquiler con opción a compra y que su nivel de vida es «medio-alto» (ganaba entre 3.000 y 7.000 euros al mes). Dijo que la adquisición de los 12 coches de alta gama con los 4,6 millones de la comisión formaba parte de un negocio de alquiler para jóvenes de entre «18 y 21 años». Para su uso en el circuito de velocidad de Jarama, en Madrid, pero que «incurrió en muchos gastos porque el mercado no tenía estabilidad».

Al finalizar su declaración, Luceño ha depositado dos relojes para que se sumen a la fianza civil impuesta y ha revelado que tiene en la joyería un Cartier que también facilitará. En total, se gastó 42.000 euros en estos artículos con el importe de la comisión.