La medida estrella de Igualdad que se convirtió en un calvario para el Gobierno

Para encontrar el germen del 'solo sí es sí' hay que remontarse a julio de 2018, un mes después de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Unidas Podemos, entonces fuera del Gobierno, registró una proposición para dar respuesta al debate público surgido sobre la necesidad de consentimiento para determinar delitos sexuales que abrió la sentencia de la Audiencia de Navarra sobre el caso de La Manada.

La propuesta quedó en un cajón hasta que los morados entraron en el Gobierno en enero de 2020, de la mano de un pacto de investidura con el PSOE en que la propuesta de ley ya aparecía recogida en uno de los acuerdos en el que ambos partidos se comprometían a «blindar que solo sí es sí». De aquella frase derivaría el nombre popular de la norma.

Igualdad se puso en marcha para poder presentar el anteproyecto como un logro el 8-M de aquél año. Pero a pocas semanas de la celebración del Día de la Mujer, que quedó marcado por la pandemia de la covid-19, surgieron las primeras dudas por parte del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que mostraron objeciones por «deficiencias técnicas».

Aprobado el anteproyecto de la ley el 3 de marzo, el debate fue recibido por Unidas Podemos como un ataque que rompió la paz que hasta entonces reinaba entre los dos socios de Gobierno y precipitó la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de coalición. La tensión la evidenció el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al afirmar que veía «mucho machista frustrado». En aquella discreta cita, celebrada el 6 de marzo, se acordó que las pugnas se resolverían en privado.Pero el tiempo ha demostrado lo contrario.

Un año más tarde, el 6 de julio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el 'solo sí es sí'. No era una fecha baladí: se cumplía un lustro desde que los integrantes de La Manada agredieran sexualmente a su víctima en los Sanfermines. Se inició entonces una tramitación parlamentaria marcada por las dudas de los aliados del bloque de investidura sobre la posible rebaja de condenas, que Igualdad negaba, y por el informe del Consejo General del Poder Judicial que advertía del riesgo de modificar las penas altas.

La norma finalmente entró en vigor el pasado 7 de octubre y ese mismo día un profesor condenado a seis años y nueve meses por abusos sexuales a sus alumnos fue puesto en libertad. La excarcelación fue ordenada por la Audiencia de Madrid tras comprobar que la nueva ley establecía penas menores para delito.

María Jesús Montero, ministra y número dos del PSOE, abrió la puerta por primera vez a reformar la ley el 14 de noviembre. Pocas horas después, y desde la cumbre del G-20 en Bali,Pedro Sánchez avaló la norma para intentar evitar la fractura en el Gobierno por la vía de esperar a la Fiscalía y el Tribunal Supremo.

Pero el goteo de beneficios a condenados y las excarcelaciones se hizo insoportable para el Gobierno. Sánchez empezó a alentar la reforma en los corrillos del Día de la Constitución y el 8 de diciembre, en secreto, socialistas y morados iniciaron la negociación la modificación, a la postre infructuosa, de la ley. La falta de acuerdo se saldó este lunes con la presentación por parte del PSOE de una proposición, sin la firma de Unidas Podemos, para endurecer las penas de delitos con violencia o intimidación. Algo «intolerable» para la formación de Ione Belarra, que acusa a su socio de «regresar al Código Penal de La Manada» y amenaza con «hacer todo lo posible» por evitar que salga adelante.