Martín Villa carga contra la fiscal general por permitir su interrogatorio

El expolítico de 85 años se ha referido a la «torpeza» de Delgado cuando decidió dejar sin efecto una orden firmada por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal. Un escrito que se instaba al fiscal jefe de Madrid a oponerse a la tramitación de comisiones rogatorias relacionadas con la causa abierta en Argentina sobre los crímenes del franquismo.

En una entrevista en la Cadena Cope, Martín Villa se ha mostrado «contrario» al criterio de Delgado aunque ha asegurado que la circular de la fiscal no le «afecta». «Porque, con acierto o sin él, me he acogido desde el principio a la Justicia argentina», ha señalado. Para el exministro la circular de Madrigal era la «justa». «Y lo dice quien tiene la autoridad de quien no se quiso amparar en eso. No me he querido amparar en la aplicación de la ley de la amnistía ni quise hacerlo en la del genocidio, pero eso es así», ha afirmado.

Así, ha explicado que la posición que él hubiera mantenido «siendo ministro o juez» hubiese sido la de que los «hechos han prescrito» y que la Ley de la Amnistía «está vigente». La decisión de Dolores Delgado es, según Martín Villa, «una torpeza» que le provoca «dolor». «No porque me sienta afectado, sino porque va en el camino contrario en el que se debe ir», ha reconocido.

En relación a su imputación, el exministro ha insistido en que los sucesos por los que prestó declaración ocurrieron hace 40 años. «Tengo 86 años. Si me meten hasta los 92 no se como llegaré», ha bromeado.

Ayer, en la declaración por videoconferencia desde el consulado argentino en Madrid, el querellado calificó de «monstruosa» la acusación de que en la Transición «hubo un genocidio». «Fue justamente lo contrario. Antes de las elecciones de 1977, por primera vez en muchos años, no quedó un solo preso político en las cárceles españolas ni un solo español exiliado en el mundo», dijo.

Al respecto, añadió que «pudo suceder que los policías y guardias civiles que causaron muertes lo hicieran por obediencia debida a decisiones mías. No fue así, y puede comprobarse que mis instrucciones y las del Gobierno buscaron evitar que se produjeran muertes por actuaciones policiales». «Lo que no podía suceder -continuó - y no sucedió es que en la Transición existiera, como afirma la querella, un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes».

El exministro ha admitido que en Vitoria (en la huelga de 1976 con cinco fallecidos) «ciertamente hubo graves errores, y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas», pero «una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación y otra es aceptar un relato de lo ocurrido, que lleva a afirmar incluso que en la Transición española hubo delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad».

Tras la declaración indagatoria del jueves, la juez dispondrá de un plazo de diez días para acordar o no el procesamiento del exministro, el archivo provisional de la causa o puede pedir una prórroga para realizar nuevas diligencias.