Marlaska deja su impronta en la nueva política de inmigración

El ministro, según explican diferentes responsables del Gobierno, se ha implicado personalmente en la gestión de la extranjería como nunca antes los habían hecho sus predecesores. Y nadie lo esperaba. Grande-Marlaska había llegado con el marchamo de ser el hombre elegido por Pedro Sánchez sobre todo para gestionar el acercamiento de presos de ETA. Pero el juez en excedencia decidió que antes había que volcarse de lleno en la extranjería cuando a su mesa llegaron en la segunda semana de junio los primeros informes que alertaban de que 2018 llevaba camino de convertirse en año récord de inmigración ilegal, con un aumento de más de 170% de entradas irregulares.

La crisis humanitaria del 'Aquarius' le pilló recién llegado. La decisión de acoger a los 629 extracomunitarios el 11 de junio (4 días después de su toma de posesión) fue directamente del presidente, pero Grande-Marlaska se convirtió dentro del Consejo de Ministros en el defensor más acérrimo de esa acogida. El ministro jurista se esmeró en explicar que en una situación así primaba ante todo el derecho internacional y la obligación de rescatar a las personas del mar.

El ministro apenas llevaba una semana en el cargo cuando el 14 de junio hizo su primer anuncio de calado en extranjería: eliminar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. «Tenía desde hace años grabadas las imágenes de los desgarros que producen en la carne esas cuchillas», explica un colaborador cercano. El ministro, más allá de al presidente, no consultó a nadie sobre su idea, lo que provocó cierto malestar en los mandos de las fuerzas de Seguridad, que hicieron llegar a Interior la advertencia de que hasta ahora todos los proyectos técnicos para sustituir las concertinas por medios menos lesivos había fracasado. Por ahora -confiesan en Interior- el proyecto sigue en estudio y no hay todavía ninguna alternativa, pero el propio Grande-Marlaska está convencido de que antes o después alguna empresa encontrará la solución.

Casi tanto impacto como las imágenes de las concertinas tuvieron para el ministro los informes que la Guardia Civil remitió el 26 de julio, tras el violento asalto de 602 inmigrantes al perímetro de Ceuta, que provocó 22 heridos entre los agentes. Las pruebas inequívocas de que los irregulares habían usado cal viva y ácido contra los funcionarios le irritaron sobremanera. Comprometió su palabra de que aquello no iba a quedar impune. Él mismo dio luz verde a la decisión, hasta ahora inédita, de que los servicios de Información de la Guardia Civil investigaran a los inmigrantes más violentos y que los detuvieran (lo que ocurrió el pasado 28 de agosto), acusándoles de delitos tan graves como pertenencia a organización criminal.

Suyo personal -reconocen tanto fuera como dentro del Gobierno- fue el mérito de que Marruecos aceptara el pasado 23 de agosto la deportación exprés de 116 de los 119 inmigrantes que había vuelto a asaltar la valla de Ceuta el día anterior de forma tan violenta como en julio. Esa devolución en tiempo récord y basada en un acuerdo en desuso de 1992 dejó boquiabiertos a los propios funcionarios de la Policía y la Guardia Civil, sorprendidos también por las órdenes directas de Grande-Marlaska de que no escatimaran en medios para repatriar contrarreloj.

La exitosa deportación masiva le ha valido el aplauso de las fuerzas de seguridad y ha restado argumentos a los que acusaban al ministro de provocar «efecto llamada» con anuncios como el del fin de las concertinas. Sin embargo -y esto lo reconocen incluso en sus círculos cercanos- la apuesta inmigratoria de Grande-Marlaska tiene un importante talón de Aquiles: el ministro no ha conseguido que Rabat se comprometa a hacerse cargo de nuevos inmigrantes si hay más asaltos a las vallas.

El jueves, el Gobierno marroquí ya avisó que no garantiza nada. Ese mismo día Grande-Marlaska estaba en Dakar convenciendo a las autoridades de Senegal a seguir controlando sus costas. En menos de tres meses, el titular de Inter ha viajado dos veces a Marruecos y una vez a Senegal, Mauritania y Argelia. «Es el ministro en persona el que está llevando todas las negociaciones», admiten en Interior.