Marlaska fulmina al comandante de Melilla tras exigir un protocolo para los guardias en la valla

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que niega cualquier sanción al mando por su controvertido escrito, ha dispuesto el traslado forzoso de Torresano a la Jefatura de Enseñanza, en Madrid, por «necesidades de servicio». Y todo ello, solo menos de tres meses después de que el mando cesado fuera nombrado al frente de la comandancia.

En el momento de su nombramiento, el pasado 18 de noviembre, explican fuentes del cuerpo, se encontraba en activo pero sin destino, en comisión de servicio, por su ascenso a la Plana Mayor Zona de Madrid.

Torresano reemplazó coronel Antonio Sierras, que fue elegido como consejero de Interior en la Embajada Española en Israel poco después de gestionar al frente de la Comandancia de Melilla la tragedia de la valla del 24 de junio de 2022, cuando murieron entre 23 y 72 inmigrantes, según las fuentes, en el paso fronterizo de Barrio Chino.

En aquel salto -que se cuenta entre los más masivos (cerca de 2.000 subsharianos participaron en él) y violentos de los que se recuerda- más de medio centenar de guardias civiles resultaron heridos sin que hubiera un solo detenido por las lesiones a los funcionarios, algunas de ellas de gravedad. Y precisamente Torresano había reclamado un protocolo para poder proceder a esas detenciones y para la defensa judicial de los agentes que se ven involucrados en esos ataques.

Además, el coronel se había quejado públicamente a sus superiores de la petición de la Fiscalía, en el escrito por el que archivó la investigación, de expedientar a los guardias civiles que apedrearon a algunos inmigrantes.

«No hay implantados unos protocolos claros ni concretos de actuación, tampoco se dota de la suficiente protección jurídica y quienes tienen cargos de responsabilidad no solucionan los problemas que prevalecen. El problema no son los agentes, es la ineptitud de quienes no están capacitados para desempeñar cargos ministeriales», denunció la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que reclamó la dimisión «inmediata» de Grande-Marlaska.

Desde JUCIL, el mayor colectivo profesional del cuerpo, denunciaron que el «despropósito del cese» está «causando mella en el ánimo de los agentes». «La seguridad ciudadana debe quedar totalmente al margen del debate político», apuntaron desde la asociación.