Marlaska declara 'secreto de Estado' el informe sobre las agresiones del Orgullo a Ciudadanos

Interior, ante una petición del Portal de Transparencia para que el controvertido atestado viera la luz con el fin de intentar aclarar si Marlaska ordenó la redacción de ese informe para exculparse, llega alegar razones de seguridad nacional para mantener el atestado en la penumbra. Es más, afirma que dar a conocer ese documento podría suponer dar pistas para que los terroristas atenten en Madrid en otra concentración.

La negativa del Ejecutivo a publicar ese informe toma aún más relevancia después de que el pasado jueves la Fiscalía de Madrid certificara, en contra de la versión sostenida siempre por el titular de Interior, que sí que hubo «coacciones» contra los integrantes de Ciudadanos durante la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid, celebrada el pasado 6 de julio. El Ministerio Público, que ha pedido el archivo de la causa porque la Policía no ha podido identificar a los autores de las agresiones, considera probado que un grupo de quince individuos, que portaban pancartas con lemas como «CiudaVox», «El Orgullo no se vende o «capitalismo es LGTBIfobia», hostigaron a la comitiva naranja .

Según denunció en su día Ciudadanos, hubo escupitajos, empujones, lanzamientos de botellas llenas de orines y amenazas a políticos como Inés Arrimadas, Ignacio Aguado, Patricia Reyes o Pablo Sarrion, entre otros, que acabaron por abandonar la marcha escoltados por decenas de agentes municipales.

Solo horas antes de aquellos incidentes, el propio Marlaska reclamó públicamente que la actitud de Ciudadanos por participar en acuerdos de gobierno con Vox tuviera «consecuencias» antes los «pactos descarados y obscenos» de los naranjas para «acabar con los derechos de las personas LGTBI».

Fue días después de los incidentes –y después de que Ciudadanos acusara a Marlaska de haber azuzado a las masas contra sus políticos– cuando el Ministerio del Interior filtró a algunos medios el contenido del polémico informe policial que aseguraba, entre otras cuestiones, que no hubo constancia de ninguna «agresión» y que solo hubo insultos y el lanzamiento «aislado» de algún objeto «no peligroso» como botellas de aguas vacías. El atestado insistía en que los miembros de Ciudadanos «en ningún momento siguieron las instrucciones policiales ni sus consejos».

Ese análisis tan somero es, sin embargo, para Interior digno de convertirse en 'secreto de Estado', tal y como consta en la resolución que el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha remitido al Portal de Transparencia y en la que niega a un ciudadano conocer los informes oficiales sobre lo ocurrido.

«En este tipo de informes –alega Interior– se contienen datos y análisis que afectan, entre otras cuestiones, a las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, para prevenir las actuaciones terroristas que pudieran producirse en una concentración de una gran cantidad de ciudadanos y para evitar actividad de delincuentes en general». «Por ello, resulta evidente que este tipo de análisis y actuaciones afectan a la seguridad y no pueden difundirse», zanja Interior, que en otras ocasiones no había puesto reparo alguno en desvelar sus operativos con todo detalle, como hizo en una reciente pregunta parlamentaria de Bildu sobre el despliegue policial de la manifestación independentista catalana en Madrid el pasado marzo, cuando desveló el número exacto de funcionarios actuantes (225 agentes), las unidades a las que pertenecían o el número de identificaciones que se practicaron durante aquella marcha.