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Ni el Ministerio del Interior ni la Generalitat dan por muerto el intento de convocar la Junta de Seguridad del Cataluña, la primera reunión de alto nivel entre policías de ambas administraciones tras las cargas del 1-O. Pero lo cierto es que ... ambos gobiernos no se ponen de acuerdo ni en los temas a tratar en ese encuentro. La crisis de los lazos amarillos se ha convertido en el gran escollo para esa reunión. Interior insiste en que «la convivencia en el espacio público» debe ser el primer punto a tratar (incluso antes de que la lucha antiyihadista o la incorporación completa de los Mossos) mientras que el Ejecutivo de Quim Torra reitera que no va a tratar ese tema en la junta porque la seguridad pública es competencia exclusiva de la Generalitat. Así las cosas, por el momento sigue sin haber fecha ni fecha ni orden del día para esa cumbre, que Interior había propuesto que se celebre la semana próxima en Barcelona.
El desencuentro ha desencadenado una batalla epistolar entre Fernando Grande-Marlaska y el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch. El ministro recordó este martes a Buch en su escrito que la seguridad pública, según la legislación vigente, es «competencia exclusiva del Estado» y que el primer punto del encuentro debe ser el «análisis general de la seguridad pública» en la comunidad, eufemismo que usa el Gobierno para hablar de los incidentes a cuenta de los lazos.
El lunes, Buch, también en una carta, transmitió a Grande-Marlaska que no tenía ninguna intención de incluir en el orden del día de la Junta de Seguridad la petición del Gobierno de abordar la convivencia en los espacios públicos de Cataluña porque la «competencia» de seguridad es «exclusiva» de los Mossos d'Esquadra.
Grande-Marlaska, que se muestra seguro de que Gobierno y Generalitat llegarán «a un acuerdo en beneficio del conjunto de la ciudadanía catalana» dentro de la «cooperación institucional», insiste en que es la Constitución, en su artículo 149.1, la que fija que el Estado es el máximo responsable de la «seguridad pública», sin perjuicio de que algunas comunidades autónomas tengan policías propias. Además, recuerda a Buch que los Mossos, según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986, deben «velar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del Estado».
La carta del ministro no tuvo mucho efecto. El Govern, a través de su portavoz, Elsa Artadi, insistió en los argumentos de su consejero de Interior. «El Estatut nos da competencias exclusivas», afirmó Artadi.
El líder del PP, Pablo Casado, entretanto, exigió «tomar medidas legales» contra los mandos políticos de los Mossos d'Esquadra.
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