Marlaska aparca la reforma para prohibir las 'expulsiones en caliente'

Fernando Grande-Marlaska recordó que el Ejecutivo ha mantenido el recurso planteado por el anterior Gobierno del PP ante la gran sala de Estrasburgo y que la intención de Interior ahora es «estar a lo que resuelva» el tribunal internacional.

Las 'expulsiones en caliente' fueron 'legalizadas' por el Gobierno del PP a través de una disposición adicional a la Ley de Seguridad Ciudadana (ley Mordaza). Esta normativa ya está en trámite para ser reformada en el Congreso de los Diputados, pero el PSOE ha planteado una enmienda al texto del PNV (que es la base sobre la que se trabaja la modificación) para mantener en vigor esa disposición adicional.

Grande-Marlaska, que negó que haya ninguna «disfunción» entre el Gobierno y el Grupo Socialista apuntó que la voluntad del Ejecutivo es, en cualquier caso, sacar las 'expulsiones en caliente' de la 'ley mordaza' para incluirla en la 'ley de extranjería' en una reforma posterior.

Las 'expulsiones en caliente' fueron incluidas en 2015 con «calzador» y a última hora por el Gobierno del PP en la «ley mordaza» para dar una cierta cobertura jurídica a estas deportaciones a través de las puertas de servicio de los vallados fronterizos de los inmigrantes que acababan de ser interceptados en territorio nacional. Usando una «disposición final» denominada de «Régimen Especial de Ceuta y Melilla», la 'ley mordaza' estableció que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados».

El PSOE, que en su recurso de inconstitucionalidad denunció de manera reiterada estas expulsiones y que en su proposición de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana abogaba por suprimir de raíz esta «disposición final primera», sin embargo, finalmente ha terminado por hacer suyo el parecer del ministro tras varios días de confusión con el Grupo Socialista en plena tramitación del a reforma de la 'ley mordaza'.

El fallo del que está pendiente el Gobierno para saber cómo y cuándo acabar con estas polémicas repatriaciones tiene su origen en una denuncia que varias organizaciones presentaron por la expulsión el 13 de agosto de 2014 de N. D. y N. T., procedentes de Mali y Costa de Marfil. Ambos fueron entregados a Marruecos sin que mediara expediente de expulsión y sin que fueran debidamente identificados. En octubre de 2017, el tribunal zanjó que la expulsión protagonizada por agentes de la Guardia Civil era una violación a la Convención Europea de Derechos Humanos y condenó a España a indemnizar con 5.000 euros a cada uno de los dos migrantes.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy recurrió aquella sentencia, pero fue ya el Gobierno de Pedro Sánchez el que el pasado verano (manteniendo el criterio del anterior gabinete y en contra de su recurso y propuestas de modificación de la «ley mordaza») defendió ante Estrasburgo la legalidad de estas repatriaciones, alegando que en realidad no fueron unas «expulsiones», sino «una prevención de entrada» irregular.