Interior estudia traslados «aislados» de presos de ETA sin delitos de sangre como primer paso

La hoja de ruta diseñada por el Gobierno socialista incluye un perfil de los primeros candidatos al traslado a cárceles cercanas al País Vasco y Navarra: presos con penas cortas o medianas, sin delitos de sangre y cerca de cumplir su condena. Unos requisitos similares a los que fijó el pasado enero el Gobierno de Emmanuel Macron cuando anunció la flexibilización de la política penitenciaria sobre ETA, aunque desde el Ejecutivo español niegan que se inspiren en el país vecino.

El Ministerio del Interior, según revelaron este martes diferentes fuentes de este departamento, ya ha dado luz verde a que las juntas de tratamiento de las 45 cárceles españolas en las que se concentran los 228 presos de ETA puedan estudiar semanalmente los casos de sus internos terroristas, si bien -explican responsables de Interior- Instituciones Penitenciaria tiene informes detallados de cada uno de estos reclusos por tratarse de presos incluidos en los FIES (Ficheros de Interiores de Especial Seguimiento).

Serán estas juntas de tratamiento las que propongan los posibles traslados. Interior no ha fijado fecha tope a las prisiones ni ha propuesto nombres ni número. «Será un procedimiento estrictamente técnico de individualización científica», matizaron este martes desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, al tiempo que dejaron claro que el principio que regirá los posibles traslados será el del «estricto cumplimiento de la ley».

Una legislación -recordaron en prisiones- que deja en manos exclusivamente de Instituciones Penitenciarias la ubicación de los internos. Los traslados -insistieron desde la sede de Interior- no son en modo alguno «beneficios penitenciarios», a los que los presos de ETA solo accederían si colaboran con la justicia o muestran de forma manifiesta su arrepentimiento.

«La dispersión era un elemento más de la política antiterrorista para romper la cohesión interna de la organización, debilitar su poder en las cárceles y alentar la disidencia. Con la banda desaparecida, esa dispersión no tiene sentido», apuntaron este martes diversas fuentes del Gobierno.

Y así lo dejó claro también el propio Pedro Sánchez, en el que, quizás, ha sido su mensaje más rotundo sobre el acercamiento desde que llegó a la Moncloa. Un día después de su entrevista con el lehendakari Iñigo Urkullu, en la que ambos pactaron un grupo estable de trabajo para tratar el traslado de los presos, el presidente del Gobierno subrayó que «ETA ha sido derrotada» y que, por ende, «la política penitenciaria debe ser revisada».

En una comparecencia en Berlín junto a la canciller Angela Merkel defendió que, tras la desaparición de la banda terrorista «debemos aproximarnos de otra manera a una realidad que ya es completamente distinta». Sánchez, que dijo «no esconderse» tras los compromisos adquiridos con Urkullu, reiteró: «El Gobierno está dispuesto a revisar esa política penitenciaria por una sencilla razón, porque ETA sido derrotada». El jefe del Ejecutivo central pidió al «conjunto de las fuerzas políticas» que los inminentes acercamientos no «sean un elemento de división». «Pongamos las luces largas, sepamos que tenemos que normalizar más aún la convivencia en el País Vasco, y desde esa perspectiva es la que va a trabajar el Gobierno», zanjó.

Más claro aún fue Grande-Marlaska: «No es lo mismo 2018 que 2006», dijo en clara referencia a que la banda terrorista se ha disuelto. En una entrevista en Telecinco, confirmó que la idea del Gobierno son los traslados «individualizados» y respondiendo a un «tratamiento científico». En cualquier caso, pidió cautela. «No vamos a adelantar lo que todavía no ha sucedido». «Serán las juntas de tratamiento las que determinen» esos acercamientos, porque los traslados no sería «una decisión política», sino «penitenciaria».