El mapa de las exigencias autonómicas tras el pacto que prevé la quita de deuda

La quita de parte de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)incluida en el pacto de investidura entre PSOE y ERC ha unido las posturas de los líderes territoriales para exigir un mismo trato y que este tipo de medidas sean fruto de una negociación multilateral.

Pero la letra pequeña de estas demandas varía por regiones y colores políticos, desde los barones populares que han confirmado que recurrirán la quita de deuda a Cataluña a las que han puesto números a la cantidad que les afectaría o los gobiernos socialistas que quieren sacar rédito político en sus territorios del mecanismo que, según el Ejecutivo Central, será extensible al resto de comunidades de régimen común que estén adscritas al mismo.

Por el momento, la única referencia que se ha puesto sobre la mesa son los 15.000 millones perdonados a Cataluña.

Pese al acuerdo, Pere Aragonès quiere más cesiones y advierte que uno de sus objetivos, de cara al año que viene, es que «los impuestos de Cataluña se recauden en Cataluña» y reclamara un trato fiscal diferenciado al del resto de comunidades autónomas que se asemeje al del País Vasco.

Al igual Cataluña, Madrid o Baleares, esta región recibe menos dinero del Estado del que aportan en función de los impuestos que pagan sus contribuyentes. Carlos Mazón no concreta cifras pero subraya que cualquier beneficio de cualquier tipo que no empiece por la Comunidad Valenciana «contará con todo nuestro rechazo, caiga quien caiga».

Juan Manuel Moreno Bonilla señaló tras el pacto que «Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas». Pero su gobierno cifra en 17.800 millones el equivalente por población a la cesión de Sánchez ante ERC y Junts y reclama un fondo de compensación para recuperar los 15.000 millones que, según sus cálculos, Andalucía ha perdido con el actual sistema de financiación autonómica.

El Gobierno de Emiliano García-Page calcula que para que la región perciba la misma financiación autonómica que Cataluña, se le deberían condonar 5.300 millones de los casi 12.000 millones que adeuda al FLA. Una petición que trasladará en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Esta comunidad solicitará que la condonación de la deuda, extensible a todas las regiones infrafinanciadas, se enmarque en las negociaciones para fijar un nuevo modelo de financiación autonómica y que sea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) el organismo que determine las cuantías a condonar en cada caso.

El presidente murciano Fernando López Miras califica de «migajas» la condonación de la deuda ofrecida por el PSOE y aseguró que es «ilegal» ofrecer privilegios económicos o sociales a una sola regió. Murcia asegura ser la comunidad peor financiada y exige un «nuevo modelo de financiación [que] tiene que ser fruto de la negociación y del consenso entre todas las comunidades autónomas, no de la imposición y el chantaje de unas pocas».

Jorge Azcón, presidente de Aragón, también ha pedido que este tipo de decisiones se tomen en el marco del CPFF de manera conjunta y no bilateral. «Cuando se negocia el dinero de todos se negocia con todos, no solo con los catalanes», advierte.

«Papel mojado». Así definió el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno balear el acuerdo. La presidenta popular Marga Prohens avanza que exigirán una negociación «multilateral y transparente».

El Gobierno cántabro planteará un recurso de inconstitucionalidad si esta comunidad autónoma como el resto de España no recibe el mismo trato. «Lo que tiene que hacer [Sánchez] es exactamente lo mismo, dispensar la misma igualdad de trato al resto de las regiones», advierte su presidenta, María Sáenz de Buruaga.

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, afirma que «Galicia no tolerará ser menos que cualquier otra comunidad». Sin embargo, se da la particularidad de que para su comunidad ha sido el BNG quien reflejó en su pacto de investidura con el PSOE que la condonación de la deuda de Galicia será «análoga» a la de Cataluña.

Extremadura no solicitará la condonación de parte de su deuda con el FLA, según María Guardioal, quien rechaza cualquier premio a «comunidades que no hayan cumplido con sus deberes y responsabilidades».

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que de confirmarse la condonación de la deuda a Cataluña, su gobierno acudirá a la Justicia: «La democracia y el estado de derecho triunfará».

El presidente canario Fernando Clavijo abre la puerta a fijar otros mecanismos que eviten el «agravio». Planea que la deuda no condonada se devuelva «vía presupuestos», que el 20% de la quita afecta a toda la deuda y no solo a la del FLA o que se otorgue a Canarias una «capacidad extraordinaria de crédito».

El socialista Adrián Barbón sostiene que se cumplen las condiciones que planteó «antes, incluso, de que nadie hablara» de la negociación sobre la deuda de las comunidades y que también beneficiará a Asturias para disponer «de más dinero» para inversiones. En concreto, cuantifica la quita para su comunidad en más de 800 millones de euros.

Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, insiste en que la «la financiación y las deudas de las comunidades autónomas deben única y legítimamente discutirse y acordarse en el órgano específico para ello», que es la CPFF.

«Condonar deudas por interés político» destroza la imagen de España como país «en el que se puede confiar» ha dicho la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Madrid no está en es situación de número rojos con el Estado.

El caso de Navarra, al igual que el País Vasco, es especial. Estas comunidades no tienen deudas con el Estado pero se quedan fuera del perímetro de un acuerdo diseñado «para todas las comunidades autónomas de régimen común». Pese a ello, su presidenta, la socialista María Chivite, asegura que su región no se verá perjudicada. «Tuve una pequeña conversación con la actual ministra en funciones de Economía y Hacienda y esto será una cuestión que tengamos que negociar de manera bilateral», ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser.

El Gobierno del lehendakari Iñigo Urkullu teme que la fórmula que se ha puesto sobre la mesa pueda tener un coste para su comunidad, de forma que «vigilará» si la condonación de deuda le obligará a pagar algo más de 80 millones adicionales. «Necesitamos saber de qué manera va a afectar. Podría o no afectar a nuestra relación financiera», ha reconocido el portavoz del Gobierno vasco.