Luceño será embargado al admitir que no puede pagar por ahora los 4 millones de fianza

El socio de Luis Medina en el pelotazo de las mascarillas -les imputan delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental- explicó al juez instructor de Madrid, Adolfo Carretero, que no podía eludir el embargo en estos momentos, «sin perjuicio de los bienes y saldos en cuentas corrientes ya intervenidos, si bien tan pronto se disponga de patrimonio se atenderá a la solicitud», garantizó su abogado.

Hasta el momento solo ha podido ser embargado un inmueble valorado en 1.107.400 euros adquirido en Pozuelo (Madrid), diversos vehículos de alta gama cuantificados en 946.136 euros y el saldo de cuentas corrientes por 129.140 euros. Por tanto, el juez alegó que el importe de sus responsabilidades pecuniarias alcanzaba los 6,2 millones, por lo que debía fijarse una fianza final de 4 millones tras restar los dos millones intervenidos en bienes inmuebles y fondos.

Gracias a esta justificación del investigado, que incluyó también los gastos familiares ordinarios y los de su actividad mercantil, el juez decidió no investigar a Luceño por un delito de alzamiento de bienes. Justificó el instructor que el empresario «no ha realizado disposiciones patrimoniales» tras su declaración ante la Fiscalía, pues, como ha acreditado documentalmente su abogado, el dinero de las ventas de tres vehículos fue ingresado en las cuentas de su empresa. Además, estimó que ha aportado los relojes que se le han pedido, valorados en 42.000 euros y que pagó con la comisión.

Quien no se salvó del delito de alzamiento de bienes fue Luis Medina. Este vació sus cuentas corrientes tras ser interrogado por el fiscal hasta dejarlas en 247 euros. Ello después de ingresar casi un millón como comisión por facilitar a Luceño el acceso al departamento municipal que tramitó el contrato sanitario.

La funcionaria responsable de Compras es Elena Collado, que firmó el acuerdo comercial con el proveedor malayo San Chin Choon, a quien los comisionistas introdujeron en el ayuntamiento. La empleada tenía previsto declarar como testigo el próximo lunes, pero una acusación popular ha pedido que se la cite como investigada y hasta que no se resuelva esta petición ha quedado suspendido su interrogatorio.

Del mismo modo, el juez Carretero rechazó este miércoles imputar al gerente de la empresa municipal de Servicios Funerarios de Madrid, Fernando Sánchez, tal y como había solicitado la acusación popular de Más Madrid. La formación de izquierdas pedía que se investigara al gerente por las diferencias existentes entre las cartas de encargo de los contratos suscritos con Luceño y Medina que fueron enviadas a la Fiscalía y las supuestas originales.

Con esta decisión, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid cierra la puerta de momento a implicar a un alto cargo municipal en estos hechos.