De las leyes de ruptura a las de sanidad, desahucios y consumo de cannabis

Hace dos años, con Puigdemont como presidente, el Gobierno entonces en funciones comenzó su periplo de recursos para impedir la entrada en vigor de normas que vulnerasen la Constitución. De una tacada, la corte de garantías suspendió tres leyes por invadir competencias. Eran normas que creaban un impuesto sobre las viviendas vacía, otra sobre la igualdad «efectiva» entre hombres y mujeres y la tercera acerca de la simplificación de la actividad administrativa entre la Generalitat y los ayuntamientos (descentralización) al ser contraria a la Ley de Bases del Régimen Local.

La Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República nació el 7 de septiembre paraconvertirse en la «norma suprema del ordenamiento jurídico» de la futura Cataluña independiente «mientras no sea aprobada la Constitución de la República». Para ello era necesario que ganara el 'si' en el referéndum del 1 de octubre. Esta consulta de autodeterminación se reguló en la ley 19/2017 aprobada un día antes y sendas normas de «desconexión» fueron suspendidas por la corte y luego declaradas ilegales.

La Ley del Código Tributario de Cataluña, que se aprobó en julio pasado, también se trata de una de las leyes de ruptura y fijaba la estructura de la Hacienda Catalana. Esta suspensión llegó después de que el 1 de septiembre la Agencia Tributaria de Cataluña abriera 14 oficinas propias y 13 compartidos e incorporara a 256 nuevos trabajadores. Pretendía crear una seguridad social propia para romper la caja única.

La Ley de Medidas de Protección del Derecho a la Vivienda fue aprobada en 2016 para dar respuesta a la suspensión por el Constitucional de varios artículos referidos a la vivienda de la norma catalana 24/2015, la ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

La Ley de Cambio Climático promovía, entre otros artículos, un plan de transición para el cierre, no más allá de 2027, de las tres centrales nucleares en Cataluña, velando por la preservación de los puestos de trabajo directos. La suspensión fue levantada por el tribunal de forma parcial en abril pasado, pero se mantuvo el veto a la prohibición del fracking (fracturación hidráulica).

El pasado abril se admitió el recurso contra la norma que garantizaba el acceso sanitario universal aprobada en junio de 2107. Establecía que los residentes en Cataluña tienen derecho a la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos y que la forma de acreditarlo es el empadronamiento. El Constitucional declaró inconstitucional la misma ley en la Comunidad Valenciana, que permitía el acceso sanitario a los inmigrantes en situación irregular.

La ley de asociaciones de consumidores de cannabis fue aprobada tras una iniciativa legislativa popular con el fin de regular el cultivo y transporte de marihuana por parte de los clubes y asociaciones. Pero el Gobierno consideró que vulneraba competencias del Estado y trataba de dar amparo legal a actividades tipificadas en el Código Penal.

En diciembre se admitió el recurso contra varios artículos de la Ley catalana de Comercios, Servicios y Ferias, que entre otras disposiciones obligaba a los comercios a cerrar antes de las 21:00 horas en invierno. El TC paralizó el recurso hasta que no hubiera nuevo Govern al existir un conflicto de intereses: el Gobierno era recurrente y recurrido por la aplicación del 155. También se suspendieron las normas que regulaban la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas y el Sistema de Formación Profesional para el Empleo por invadir competencias.