Cristian Reino
Barcelona
Lunes, 14 de diciembre 2020, 12:28
El consejero catalán de Acción Exterior de la Generalitat, Bernat Solé, se ha sentado esta mañana en el banquillo, juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un presunto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional el 1 de octubre de 2017, cuando era ... alcalde de Agramunt (Lleida).
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Solé se enfrenta a una pena de año y medio de inhabilitación. Ha negado ante el juez que participara en la organización del referéndum ilegal del 1-O. Ha negado que diera ordenes para esconder las urnas y que su objetivo como alcalde era preservar el orden público. Hay decenas de alcaldes imputados por el 1-O, por colaborar en la organización y logística del referéndum ilegal, impulsado por el entonces Govern encabezado por Carles Puigdemont, con el apoyo de las entidades ANC y Ómnium y el mundo municipal, que cooperó cediendo los locales de votación, entre otras cuestiones.
Solé, que apenas lleva unos meses de consejero de Acción Exterior de la Generalitat, tras sustituir a Alfred Bosch, que fue apartado por encubrir un caso de acoso sexual, concurre en las listas de ERC para las próximas elecciones catalanas, ha admitido que se le notificó personalmente el requerimiento del Constitucional que le pedía impedir el referéndum.
Solé está acusado de ignorar la providencia dictada por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017, el día siguiente de que la Cámara catalana aprobara la ley de referéndum, que fue anulada por el Constitucional. La resolución advertía a las autoridades -incluidos los alcaldes- su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada del referéndum. En concreto, les ordenaba que se «abstuvieran de iniciar, tramitar, informar o dictar en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permitiera la preparación y/o la celebración del referéndum», apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades penales.
Según la Fiscalía, Solé ignoró la resolución del Constitucional pues cedió supuestamente un colegio público de titularidad municipal para la celebración del referéndum. Además, ese mismo 1 de octubre «tomó decisiones, como esconder las urnas por temor a que fueran descubiertas por los agentes de la autoridad, ocultándolas y volviéndolas a colocar en varias ocasiones, proponiendo, finalmente, a los componentes de las mesas y organizadores del referéndum que la votación acabara una hora antes de lo previsto», según recoge el auto de procesamiento. El otro hecho que se le imputa es que días antes del referéndum ilegal organizó un acto en un inmueble de titularidad consistorial, en favor de la promoción, celebración y participación en la votación.
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«Ni intervine en la logística, ni en el movimiento de las urnas ni en la constitución de las mesas», ha señalado ante el juez. Ha apuntado que el 1-O solo intervino para preservar el orden público y la integridad de los equipamientos, y ha insistido en que «en ningún momento« dijo que se escondieran las urnas de la votación en el falso techo de la escuela donde se hacía la votación. Solé, por tanto, ha negado que participara en la organización de la consulta. Y en relación al debate en que intervino sobre el referéndum, ha dicho que lo hizo como dirigente de ERC y no como alcalde. También ha negado que cediera la escuela municipal como colegio electoral, aunque ha señalado que si acudía la Guardia Civil sí intentó que no se escondieran las urnas en su interior para evitar que el edificio sufriera daños.
Solé ha acudido al TSJC, arropado por los miembros del Govern, los partidos independentistas y las plataformas soberanistas. Todos ellos han abogado por una ley de aministía y por ejercer la autodeterminación.
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