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Redacción
Domingo, 10 de febrero 2019, 00:04
En lo político, todo empieza a resquebrajarse en 2012, cuando el soberanismo, en plena crisis económica, redobla su desafío con una consulta en 2014. En lo jurídico, todo estalla el 27 de octubre de 2017, cuando el Parlament, tras el referéndum ilegal del 1-O, ... proclama la república. Aquel día, Rajoy activa el 155.
Artur Mas cede a las presiones de la CUP y decide apostar por Carles Puigdemont como nuevo president de la Generalitat para evitar nuevas elecciones. Esta decisión es clave para los acontecimientos futuros.
Aquí empezó el desafío legal. El Parlament, pese a las reiteradas advertencias desde Madrid, aprueba las llamadas leyes de desconexión, que dejan sin efecto el Estatuto de Autonomía vigente, el aprobado en 2006.
La Guardia Civil realiza una gran operación en contra del referéndum ilegal del 1-O en la que detiene a 14 personas, entre ellos a varios altos funcionarios de la Generalitat dependientes del vicepresidente, Oriol Junqueras. Durante la operación policial, miles de personas se concentran en las dependencias de Hacienda del Govern. Los 'jordis' (Sànchez y Cuixart) tienen un rol protagonista en la movilización.
Es el 'día D'. Los independentistas logran celebrar el referéndum ilegal y se sirven de las cargas policiales registradas en algunos centros de votación para vender su relato internacional en contra del Gobierno español. Nadie reconoció esos resultados.
El Rey Felipe VI emite un contundente mensaje en televisión advirtiendo de la «extrema gravedad» de lo ocurrido y llamando a todos los poderes del Estado a «asegurar el orden constitucional». El mundo independentista reacciona indignado ante las palabras del monarca.
Más de un millón de personas se manifiestan por las calles de Barcelona en una movilización histórica en defensa de España y su orden constitucional. Entre los protagonistas del acto destacan el escritor Mario Vargas Llosa y el ahora ministro de Exteriores, Josep Borrell.
«Asumo el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república». Puigdemont lanza el órdago para instantes después proponer que se suspenda la proclamación unilateral y abrir la puerta al diálogo.
Comienzan los encarcelamientos. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envía a prisión a Sànchez y Cuixart por un delito de sedición. Les considera los principales promotores de las protestas del 20-S. Por el contrario, rechaza hacer lo mismo con el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
Puigdemont rechaza anticipar los comicios, el Parlament aprueba la declaración de independencia y Rajoy responde activando el artículo 155: disuelve el Govern y convoca elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Movimientos inesperados. El ya expresident huye a Bruselas con cinco de sus consejeros. España pide su extradición, pero solo se le podría juzgar por delitos reconocidos en Bélgica, por lo que el Gobierno retira la petición.
La jueza Lamela envía a Junqueras y a otros ocho exconsejeros a prisión preventiva. Todos excepto el vicepresidente, Joaquim Forn y los 'jordis' salen tras pagar 100.000 euros de fianza en plena precampaña. Forcadell también pasa quince horas encarcelada.
Ciudadanos se alza con la victoria en las elecciones, pero el independentismo conserva su mayoría absoluta. La huida de Puigdemont y el posterior regreso de los exconsejeros a prisión complican la investidura.
La dirigente de la CUP Anna Gabriel no se presenta a declarar ante el Supremo y huye a Suiza. Solo un mes después, el 23 de marzo, Marta Rovira (ERC) hace lo propio. Había sido propuesta por Junqueras para ser investida presidenta antes de los fracasos de Sànchez y Turull.
Puigdemont es detenido en Alemania. Pasa doce días encerrado en la prisión de Neumünster y sale en libertad tras pagar 75.000 euros de fianza. La Audiencia de Schleswig-Holstein considera que no se cumplen los requisitos para el delito de alta traición, análogo al de rebelión.
Quim Torra es investido president con los votos afirmativos de JxCAT y ERC, y la abstención de la CUP. La conformación del nuevo Govern y su posterior publicación en el BOE ponen fin a la vigencia del artículo 155 en Cataluña.
Tras meses de peticiones, todos los políticos presos son reagrupados en cárceles catalanas. Los hombres son trasladados a Lledoners en Barcelona, mientras las dos mujeres llegan a un centro de Figueres (Girona). Se suceden las visitas de líderes políticos y sociales a ambas prisiones.
El Tribunal Supremo finaliza la fase de instrucción y ordena la apertura del juicio oral. Los escritos de Fiscalía y Abogacía del Estado piden hasta 25 años de cárcel para los procesados por rebelión, sedición y malversación.
Llega el momento decisivo. Al final, se sentarán doce líderes políticos y sociales en el banquillo. No están todos los protagonistas de aquellos días ya que el jefe, Carles Puigdemont, vive en Bélgica huido de la Justicia desde el 30 de octubre de 2017.
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