Un juzgado investiga al delegado del Gobierno en Madrid por «no prohibir» marchas como el 8-M

Un juzgado de Madrid ha abierto una causa al delegado de Gobierno de la comunidad, José Manuel Franco, tras admitir la denuncia de un abogado particular por presunta «prevaricación administrativa y o lesiones por imprudencia profesional».

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51, investiga la razón por la que el delegado «no prohibió las concetraciones multitudinarias celebradas en la comunidad de Madrid entre el 5 y el 14 de marzo pasado, pese a la recomendación emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades, fechada el 2 de marzo».

Entre esos eventos se encontraría la multitudinaria marcha del Día de la Mujer celebrada el 8 de marzo en la capital madrileña, pese a que ya se conocían al menos dos focos descontrolados de coronavirus, en Torrejón de Ardoz y Valdomoro.

Inicialmente la denuncia del abogado Víctor Valladares iba dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, por no haber prohibido concentraciones multitudinarias entre las fechas citadas.

Sin embargo, la juez solo ha abierto diligencias previas respecto al delegado madrileño al ser el único sobre el que tiene competencia, instando al denunciante a que, si lo estima, traslade la denuncia ante los órganos competentes: el presidente del Gobierno, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y el resto de delegados de Gobierno, ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.

En el marco del procedimiento, la juez conocida por el 'caso Máster' de Pablo Casado ha ordenado una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma.

Con respecto al posible recurso de reforma y/o de apelación del investigado, la juez pospone su presentación hasta que se levante el estado de alarma, pese a que la admisión de este tipo de denuncias no se considera un «asunto urgente» por el Consejo General del Poder Judicial.