Justicia no descarta reformas legales para hacer frente a la okupación

El Ministerio Público que dirige Dolores Delgado ya emitió el martes una instrucción para agilizar la respuesta en los casos de ocupaciones ilegales. La orden determina, fundamentalmente, que los fiscales pedirán al juez como medida cautelar el desalojo de viviendas allanadas mientras se resuelve el procedimiento judicial.

También el Ministerio del Interior ha elaborado un protocolo de actuación para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado elaboren atestados más precisos que faciliten el desalojo cautelar y puedan actuar sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante.

Estas son las medidas a las que se refiere el ministro de Justicia. «Vamos a ver de una manera reposada todo esto -trasladó Juan Carlos Campo-, y si es suficiente, exploraremos, y si no lo es, habrá que articular cambios, evidentemente, porque la obligación de todo Gobierno es llevar a una convivencia más serena, y no lo es cuando la gente está preocupada porque se le pueden meter en su casa».

A juicio del titular de Justicia, si hay que modificar los tipos penales, se hará. Pero considera importante incidir en medidas cautelares como la que potencia la instrucción de la Fiscalía General del Estado, que podría permitir una mayor celeridad por parte del poder judicial.

El PP ha insistido esta semana en su propuesta de reforma para que en doce horas las fuerzas de seguridad puedan desalojar un inmueble y se recuperen las penas de prisión de 1 a 3 años. Los populares han censurado, además, la posición del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. «Si justifica la okupación -replicó Pablo Casado el jueves-, que deje vivir en el jardín de su casa a unos okupas».