La justicia canaria suspende la aplicación del protocolo de menores

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha aceptado el recurso interpuesto por la Fiscalía Superior de Canarias para suspender el protocolo aprobado por el Gobierno regional para ordernar la acogida de los menores migrantes que llegan al archipiélago. Todo ello, al entender que este perjudica a los niños en «situación de desamparo patente». El Gobierno de Canarias tiene tres días para «alegar lo que estime conveniente», según fuentes judiciales.

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, elevó su recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. En él solicitaba que suspendiera el protocolo de forma temporal, hasta que se pronuncie el juzgado, como «medida cautelarísima» (de forma urgente).

Según fuentes judiciales, el asunto estaba residenciado en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal en su sede en Santa Cruz de Tenerife. La Sala disponía de un primer plazo de 48 horas para decidir si acepta o no la petición de medidas cautelarísimas, optando finalmente por aceptarlas.

Diferentes sectores han mostrado su rechazo al protocolo. Por ello, la Diputación del Común anunció ayer que se abrirá una investigación de oficio para supervisar la acogida de los menores ahora que está en marcha este nuevo plan.

La Diputada, Dolores Padrón, Pérez pidió que se le informara de cómo se va a materializar la coordinación de los menores migrantes en cada una de las islas y recordó las recomendaciones hechas en julio por el Defensor del Pueblo en su visita a dos centros de atención. Afirmó también que el número de niños y niñas que tiene bajo su tutela Canarias supera la capacidad «respecto a su atención inmediata e integral».

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