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Cristian Reino
Barcelona
Miércoles, 10 de mayo 2023, 19:54
La Junta Electoral Central (JEC) dio este miércoles cinco días a la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergès, para que le informe sobre las medidas que ha adoptado para dejar sin efecto el escaño de Laura Borràs. El balón está en el tejado de Alba Vergès, ... de ERC, que es quien tiene que ejecutar formalmente, en la Mesa del Parlament, la retirada del acta de la dirigente nacionalista tras ser condenada por corrupción por el TSJC. La orden del árbitro electoral de apartar ya como diputada a la presidenta de Junts, que implica su cese como presidenta de la Cámara catalana, es firme y se ha de hacer efectiva de forma inmediata, pero Esquerra trata de ganar tiempo para que el asunto no explote en plena campaña.
El nuevo ultimátum de la Junta Electoral es el paso previo al envío de un requerimiento formal a Vergès para que deje definitivamente sin escaño a Borràs. Los republicanos ya tienen asumido que en cuanto Vergès reciba esa notificación, la Mesa tendrá que ejecutar la retirada del acta, como ocurrió con Quim Torra y Pau Juvillà. El requerimiento último, como ya ha pasado en ocasiones anteriores, va acompañado de un aviso de que el incumplimiento de los acuerdos de la Junta Electoral tiene consecuencias jurídicas.
La de este miércoles es la tercera resolución que dicta el órgano administrativo electoral en relación al contencioso Borràs. En este caso, dio respuesta a una denuncia de Ciudadanos, que informó ante la JEC que el Parlament ha ignorado hasta la fecha su decisión de dejar sin efecto el acta de diputada de la líder nacionalista.
El formalismo de retirar el acta debe hacerlo la Mesa de la Cámara, aunque la decisión sea de la Junta Electoral, pero a los independentistas les sirve para mantener su retórica de que defienden la soberanía de la Cámara catalana. Los secesionistas, que han pedido al Supremo que anule la decisión del órgano administrativo, argumentan que un diputado solo puede perder su acta si es condenado con sentencia firme. La Junta Electoral aduce que puede apartar como parlamentarios a los condenados por delitos contra la administración pública, como es este caso, aunque el fallo no sea firme.
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