La Junta Electoral rechaza suspender las ruedas de prensa del Gobierno

Lo que el PP pretendía era denunciar los llamados «viernes sociales» del Gobierno. Una «campaña de aprobaciones y difusión» de reales decretos que, a juicio del partido de Pablo Casado, vulnera la «neutralidad» institucional exigible en plena precampaña. Como muestra, los populares incluyeron en su escrito la rueda de prensa del 1 de marzo en la Moncloa, en la que se anunciaron dos decisiones de corte social de especial trascendencia para el electorado: iniciativas encaminadas a mejorar la igualdad laboral y el acceso a la vivienda de alquiler.

También incorporaron al cuerpo del texto unas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que el 25 de febrero llamaba la atención sobre los viernes, porque las conferencias ante los medios de comunicación iban a ser «sustanciosas».

La Junta Electoral Central, sin embargo, replicó este lunes que la intervención tras el Consejo de Ministros a la que hace referencia el PP es «anterior a la convocatoria» de los comicios, puesto que las Cortes quedaron disueltas cuatro días más tarde, y tampoco detecta en otras comparecencias recogidas en el documento «ninguna alusión a las realizaciones o a los logros obtenidos por el Gobierno». En cuanto a «futuras ruedas de prensa», determina no poder anticiparse. «Por su carácter meramente hipotético, no resulta posible que se pueda adoptar ninguna decisión al respecto», argumentó el órgano en un comunicado.

Dado que esta es la resolución, la Junta tampoco procedió ayer a advertir al Gobierno «sobre la posibilidad de ser sancionado». Del mismo modo, rechazó la reclamación de Ciudadanos, en la que se solicitaba recordar al Consejo de Ministros «la obligación» de no reivindicar logros. Es decir, el artículo 50.2 de la ley electoral.

Sobre lo que no se pronuncia el órgano de arbitraje es sobre la aprobación en sí de nuevos reales decretos en periodos electorales ni entra a dilucidar si se cumplen los requisitos de «extrema urgencia y necesidad» que exige este instrumento según la Constitución. Es otra de las críticas políticas que lanza el PP y que va más allá de las competencias de la Junta.

El acuerdo de este lunes es «firme en vía administrativa», aunque siempre cabe el recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en un plazo de dos meses. Fuentes oficiales de Ciudadanos, sin embargo, descartaron acudir a instancias superiores.

La Junta, en todo caso, sí aceptó una de las solicitudes de los liberales. Dio 48 horas al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, para que ordene la retirada de todas las banderas esteladas y lazos amarillos, «símbolos partidistas», de los edificios públicos con el fin de cumplir con el deber de neutralidad ante las elecciones generales del 28 de abril.