La Junta Electoral niega el acta de eurodiputados a Junqueras y complica el galimatías jurídico

La negativa de la JEC a que Junqueras se convierta en parlamentario europeo tiene amparo en el artículo 6.2 de la Loreg (norma que nunca hasta ahora ha sido cuestionada por los tribunales internacionales), y que establece taxativamente que «son inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena».

El problema es que el Supremo tiene sobre la mesa una sentencia de l Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 19 de diciembre (provocada por una consulta expresa del alto tribunal español) que zanjó que Junqueras tenía que haberse podido desplazar a recoger su acta de diputado europeo tras ser electo para la cámara de la UE en los comicios europeos del pasado 26 de mayo porque tenía inmunidad desde el momento en que fue elegido, sin necesidad de que formalizara nada ante la JEC como se venía haciendo hasta entonces por parte de todos los eurodiputados.

Sin embargo, la JEC, en esencia, entiende que la realidad sobre la que resolvió el Tribunal de Estrasburgo simplemente ya no existe porque ha sido soprepasada. «La situación del señor Junqueras ha dejado de ser la de prisión provisional, que era la que tenía cuando resolvió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para pasar a ser la de condenado por sentencia firme a pena privativa de libertad está siendo cumplida actualmente como es público y notorio», zanja la Junta que cree que su resolución se ajusta perfectamente a la legislación europea y al propio fallo del TSJE.

Sin embargo, esa sentencia de Luxemburgo sí que parece entrar en cierta contradicción con el dictamen de la JEC, ya que ha provocado que la Eurocámara, que durante meses negó la condición de diputados de la UE a Carles Puigdemont y Toni Comín por el caso de Junqueras, entregara sus respectivas actas a los dos huidos a las pocas horas de conocerse el fallo de la TJUE, a pesar de que ninguno recogió sus actas en España.

La decisión de la JEC, además, choca con el planteamiento realizado esta semana por la Abogacía del Estado, de la que ERC esperaba un gesto para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Los servicios jurídicos de Justicia adujeron esta semana, en contra de lo que ahora arguye la Junta, que, a la vista de fallo de la corte de Luxemburgo, Junqueras debería poder acudir Parlamento Europeo a recoger su acta, además de poder ejercer plenamente sus funciones como europarlamentario ya que, sostiene, su inmunidad sigue intacta a pesar de la sentencia condenatoria del procés.

La Abogacía, que llegó a insinuar que a Junqueras se le habría condenado el pasado octubre a pesar de que su inmunidad estaba (y está) plenamente vigente desde los comicios europeos de mayo en los que fue elegido, sostuvo la vigencia de su inmunidad precisamente en el silencio de la JEC sobre este asunto.

Con estas mimbres contradictorias (la Fiscalía se aliena básicamente con la tesis de la Junta Electoral) el Supremo será el que en breve tenga que decir si Junqueras es todavía o no eurodiputado; o si nunca lo llegó a ser; si goza todavía de inmunidad; si debe pedir un suplicatorio para retirarla ese supuesto blindaje; o si le deja ir a Bruselas o a la JEC (que le niega la condición de parlamentario) para tomar posesión de su acta. Un auténtico embrollo sin precedentes, no ya en España, sino en Europa.