El juicio parte en dos a los líderes del procés

Estos últimos días la brecha se ha hecho más patente que nunca. Y no solo en el Supremo. Por un lado se han colocado los siete presos elegidos parlamentarios o los que aspiran a seguir liderando el independentismo desde otras instituciones o colectivos: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull , Josep Rull y Joaquim Forn. Del otro, los cinco que se han echado a un lado: Carme Forcadell, Meritxell Borràs, Santi Vila, Carles Mundó y Dolors Bassa.

Los primeros en esta última semana se han volcado en una estrategia que en el Supremo se conoce ya como la de «hacer ruido», dentro y fuera del tribunal. El lunes y el martes, los cinco presos electos se han esmerado en mostrar su cara más mediática y comprometida con el independentismo durante el proceso de acreditaciones (en el que desafiaron al tribunal haciendo públicos en la redes vídeos con sus declaraciones) y en el acto de acatamiento de la Constitución (usando polémicas fórmulas de compromiso).

Este primer grupo, explican fuentes judiciales, en esencia habría renunciado ya a «salvarse» judicialmente. La estrategia de estos siete imputados «ruidosos» ha sido claramente desafiante ante el tribunal. Sus testigos, que han copado cuatro semanas completas de juicio, en muchos casos han tenido que ser reprendidos por el presidente Manuel Marchena por su carácter militante, por el intento de hacer apología del referéndum o por sus desplantes a Vox.

En su inmensa mayoría, los testigos llamados por los irredentos del procés han sido ciudadanos que estuvieron en los colegios del 1-O y que afirman haber sido agredidos por los policías y los guardias civiles. Decenas de testimonios, en algunos casos muy convincentes, pero de «ningún contenido exculpatorio» para los imputados, según coinciden en señalar diferentes fuentes del proceso.

En las antípodas de esta táctica procesal, se han situado esta semana el grupo de los cinco silentes que lideran, por su ascendencia personal, Forcadell y Vila. Ellos y sus abogados -alejados todo lo que pueden de los focos mediáticos y de los discursos ideológicos- sí que se están dejando la piel por una sentencia absolutoria o, cuanto menos, más benévola. Han tenido mucho menos tiempo que los irredentos. Sus testigos, casi todos concentrados entre el miércoles y jueves de esta semana, se cuentan con los dedos de la mano, pero sus palabras han sido contundentes.

Sus letrados han presentado al tribunal en estos últimos días a funcionarios de carrera de las consejerías y en el Parlamento de Cataluña (nada de militantes independentistas) para explicar con todo lujo de detalles, y sobre todo mucho rigor, que esos cinco imputados difícilmente pudieron liberar fondos para el procés o el 1-O porque nunca tocaron la caja; que dieron instrucciones concretas para que en esos departamentos no se colaborara con la preparación del referéndum; o, en el caso de Forcadell, que ella no tuvo otra opción que tramitar las leyes de desconexión.

«Esto por fin se está pareciendo a un juicio», afirmó uno de los abogados de este proceso tras una sesión ágil de preguntas y respuestas en la que los testigos de las defensas negaban las pruebas sin atisbo de intentar lanzar un mitin.

La fractura entre los irredentos y el grupo de Forcadell y Villa (y sus estrategias casi antagónicas) se ha hecho patente hasta en las pruebas periciales propuestas por unos y otros. Las defensas de los procesados que tratan de poner tierra de por medio con la intentona secesionista pusieron el jueves toda la carne en el asador con un contra peritaje muy elaborado para intentar demostrar que, en contra de lo que sostienen los expertos de Hacienda, el 1-O no pudo haber malversación en el uso de los colegios porque al tratarse de inmuebles públicos no puede haber un «lucro cesante». La beligerancia de los peritos por no dar su brazo a torcer llevó a una sesión vibrante en lo jurídico.

En el otro extremo, una vez más, estuvieron las periciales de los cinco parlamentarios presos, Forn (candidato a la alcaldía de Barcelona) y Cuixart (que sigue siendo el líder de Òmnium a pesar de su encarcelamiento). Propusieron dos pruebas «extrañas», en palabras de un jurista del proceso. La primera, muy poco común, fue la declaración de los dos sociólogos para ilustrar académicamente al tribunal sobre las tácticas de «no violencia» en las protestas registradas aquel día. Una disertación sin ningún peso exculpatorio para nadie.

Tampoco aportó nada para la defensa de los siete procesados irredentos la declaración de médicos negando la gravedad de las lesiones de los policías y los guardias civiles el 1-O a partir de los informes que les fueron entregados.

Con esta brecha entre los doce imputados más abierta que nunca, el juicio encara su recta final. Queda por dilucidar si en la sentencia que dicte el Supremo también tendrá reflejo esta división entre procesados.