Una jueza paraliza un desahucio en Figueres por emergencia social

Esto es lo que ha establecido la jueza María Rodríguez López, magistrada del juzgado de instrucción y de primera instancia número 2 de Figueres. En un fallo del 16 de noviembre, declara que el desahucio de la vivienda se ajusta a derecho, pero en cambio «suspende el lanzamiento», hasta que «no se acredite por parte de la demandante (la empresa Coral Homes) la realización de una oferta de alternativa habitacional en términos razonables» hasta la «eliminación de las restricciones de movilidad por parte de los Gobiernos central y autonómico».

La sentencia hace referencia a un inmueble de la calle Rocaberti, en Figueres, propiedad de la sociedad Coral Homes, participada por el fondo norteamericano Lone Stary CaixaBank y . La empresa presentó una demanda contra los «ignorados ocupantes del inmueble» el 11 de octubre de 2019. La demandada, I.L.Z. alegó «riesgo de exclusión y emergencia social» e invocó la aplicación de leyes autonómicas catalanas relativas a la protección de la vivienda, como la de 2015, en lo relativo a que los grandes tenedores de viviendas están obligados a ofrecer a los ocupantes de la vivienda en supuestos extremos de emergencia social alternativas de alojamiento.

El fallo pone el acento en el decreto ley del 3 de noviembre de Cataluña, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia. El decreto señala, tal y como apunta la sentencia, que la «situación de emergencia social que se da en estos momentos en la vida de las personas provocada por los desahucios, en un contexto de crisis económica y sanitaria extraordinariamente grave, hace que la función social de la vivienda tome más relevancia e imponga la adopción de medidas paliativas que no admiten demora«. De ahí que, añade la sentencia, «una vez acreditada la situación de emergencia social de la familia cuyo desalojo se pretenda por parte de un gran tenedor, de modo excepcional, sin desvirtuar el derecho o título de propiedad privada sobre una vivienda por parte de quien la acredite, no se podrá poner en riesgo la vida, integridad y salud de las personas, mientras persista la actual crisis económica y sanitaria, con restricción del derecho fundamental a la libre circulación de las personas».

El fallo judicial señala que el Servicio de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Figueres presentó un informe en el juicio. Acredita que Coral Homes es propietaria del piso que se encuentra en «posesión» de I.S.Z. Pero asegura que «ningún derecho fundamental es absoluto, tampoco lo es el derecho a la propiedad privada que se encuentra expresamente limitado en nuestra Constitución por la utilidad pública y el interés social».

Fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han felicitado por la sentencia, la primera que tiene en cuenta el cambio normativo en Cataluña, pues confían que puede suponer un cambio de inflexión en las resoluciones judiciales. Hasta la fecha, según estas fuentes, el sentido de la sentencia dependía de alguna manera de la sensibilidad social del juez. Esta entidad denuncia que solo en Cataluña se ejecutan unos 200 desahucios diarios. Hasta el pasado 4 de junio, con la vigencia del estado de alarma, estaban paralizados pero ahora señalan que se están produciendo a «destajo».