La jueza archiva la causa penal contra la presidenta de la Diputación de Barcelona

Marín estaba investigada en el marco de un presunto caso de corrupción, conocido como el del Consejo de deportes de L'Hospitalet. Estaba imputada en relación a una presunta trama de malversación y desvío de fondos municipales del ayuntamiento de L'Hospitalet al consejo deportivo de la localidad. El juzgado número 2 de la localidad barcelonesa investigaba las subvenciones recibidas por el Consejo Deportivo de L' Hospitalet, una entidad privada que se dedica a la promoción del deporte escolar, por parte del ayuntamiento y del Consejo Catalán del Deporte de la Generalitat.

En concreto, se investiga si los miembros de la trama habrían ocultado medio millón de euros a la asamblea del consejo deportivo de su balance para el pago en negro de retribuciones a colaboradores y directivos. «Siempre he tenido la tranquilidad de haber hecho bien las cosas en cada momento y la justicia así lo reafirma. Los juicios mediáticos con cálculo electoralista no tienen recorrido. Muchas gracias a todos los que habéis estado a mi lado todo este tiempo», ha afirmado la alcaldesa poco después de conocerse el archivo de la causa. Según la jueza, «no resultó debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa».

«No se aprecia un ánimo de ocultar los hechos por parte de Marín», señala. «Tras el conocimiento de la información que se le transmitió , «adoptó las medidas que estimó necesarias para la averiguación de los hechos», afirma el auto. Así, después de conocer posibles actuaciones irregulares, la alcaldesa convocó una reunión con el denunciante, posteriormente con la secretaria del Ayuntamiento, para, a continuación, concluir la necesidad de la práctica de una auditoria y una revisión de las subvenciones.

Siendo el Consejo un ente externo del Ayuntamiento, Marín «no tenía intervención en el otorgamiento de las subvenciones», según la juez. Es a su juicio, «inexistente» la participación de la alcaldía en las fases de adjudicación de subvenciones. «No existe indicio que la conducta» de la alcadesa «pueda ser constitutiva del delito de malversación o prevaricación», asegura el auto. «No existen indicios de que haya actuado contra derecho», «actuó de conformidad a su cargo tanto en la tramitación de las subvenciones como en el hecho de formar parte de las asambleas generales del Consejo Deportivo, a las que acudía por razón de su cargo», remata.