El juez sienta en el banquillo a Medina y Luceño por la estafa de las mascarillas

La decisión del magistrado se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya desestimado los últimos recursos de apelación, confirmando así completamente la instrucción desarrollada por el titular del Juzgado de Instrucción número 47. El fiscal del caso, Luis Rodríguez Sol, ya adelantó su escrito de acusación en el que solicita una condena de nueve años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y 15 años en el caso de Alberto Luceño.

A Luceño, además, el fiscal le reclama una multa que asciende a los cinco millones, mientras que su socio deberá pagar si es condenado una multa de 450.000 euros. Además, se solicita que ambos indemnicen con casi ocho millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.

En el caso de Medina, le imputan en concepto de coautor un delito continuado de estafa agravada y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. A Luceño le acusa de los citados delitos en calidad de autor, junto a otro delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y otro contra la Hacienda Pública agravado.

De igual modo, el fiscal pide que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria, en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo en las operaciones relatadas están sujetas a tributación, en la cantidad de 1.351.386 euros. El fiscal considera que procede, asimismo, decretar el decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350 euros en el caso de Luceño, y la cantidad de 912.700 euros a Medina.

El fiscal explicó en su informe provisional que la intención de ambos acusados «fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador».

Agregó Rodríguez Sol que los acusados «convencieron» al Ayuntamiento de Madrid de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación a pesar de las comisiones millonarias que se desembolsaron. En cuanto a las presuntas mordidas, el escrito recoge que las transferencias que consta en la causa corresponden al cobro de las comisiones previamente pactadas entre el proveedor asiático Leno y los acusados, si bien Medina no negoció con esta empresa el importe de su comisión, sino que dejó la esta gestión en manos de Luceño.

Tanto en esta como en las otras operaciones, Luceño le dijo a Medina que iban a ir a partes iguales, cobrando ambos idéntica comisión, expuso el fiscal, quien agregó que para mantenerlo en esta creencia le envió un documento en que se reconocía a ambos una comisión de un dólar por mascarilla (1.000.000 dólares en total), y esta fue la cantidad que efectivamente cobró el hijo del fallecido duque de Feria.

Sin embargo, según apunta el fiscal, Luceño ocultó a su socio que, en otro documento aparte, había pactado con Leno una comisión adicional de dos dólares por mascarilla; es decir, éste cobró en total 3.000.000 dólares como comisión por esta operación, el triple que el otro acusado.

En el auto de procesamiento, el juez ya sostuvo que las compraventas en las que intervinieron los investigados constituyen un caso de «negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid, ocultando con dolo unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio, sin tener poder alguno de la empresa vendedora y con falsedad de documentos mercantiles».