El juez sienta en el banquillo a Gao Ping y a Nacho Vidal

Calama, casi diez años después de que se destara la ‘operación Emperador’ contra las redes chinas de contrabando basadas en los antiguos 'bazares de todo a 100', ha concluido la instrucción de este compleja investigación que, además del conocido empresario y del actor, llevará a juicio a otras 101 personas, en su mayoría de nacionalidad china.

En este proceso, Ping se enfrentará a una petición fiscal de 74 años de cárcel mientras que Jordá se arriesga a once años de prisión y una multa de 50 millones de euros.

En el macrojuicio de la ‘operación Emperador’, para el que todavía no hay fecha, Ping y los supuestos integrantes de su red mafiosa se enfrentarán a cargos de de organización criminal, cohecho, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, organización criminal, tenencia de moneda falsa y delito contra la propiedad industrial.

El juez, además, ha impuesto fianzas y cauciones multimillonarias a los principales encausados, a los que ha dado diez días para abonarlas para evitar su vuelta a la cárcel antes del juicio. En el caso de Gao Ping y sus lugartenientes Lizhen Yang y Weizhen Yang, tendrán que abonar cada uno cerca de 103 millones de euros en concepto de multas y costas. Estos tres investigados, además, junto con otros diez, deberán garantizar de forma solidaria, en concepto de responsabilidad civil, la suma de 22,4 millones de euros. El magistrado también ha reclamado a Vidal una fianza de más de 66 millones de euros,

El único objetivo de la red de Gao Ping, apuntaba Calama en sus resoluciones, era «llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros, y confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas».

Una de las vías que utilizaba la trama para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal consistía en la recogida de dinero centralizada en polígonos de Cobo Calleja de Fuenlabrada para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos.

Anticorrupción añadía en su escrito de acusación que el grupo habría recurrido a «la fuerza física o la violencia» para lograr sus objetivos. En este sentido, destacó que el propio Gao Ping sería el «responsable de impartir justicia», ordenando acciones intimidatorias para que sus clientes pagasen los préstamos concedidos previamente.