Un juez requisa los móviles de dos periodistas que investigan un caso de corrupción en Mallorca

La resolución, apoyada por la Fiscalía de Baleares y por la defensa de 'Tolo' Cursach, que se encuentra en libertad provisional, forma parte de una pieza separada que permanece secreta y que investiga un delito de revelación y/o descrubrimiento de secretos. Los agentes de la Policía Nacional que entraron en las redacciones en cumplimiento del mandato judicial requisaron sus móviles para conocer el origen de la filtración periodística de una información publicada en julio pasado.

En concreto, versaba sobre un informe del grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional incluido en la causa, entonces bajo secreto, que acusaba al Grupo de Empresas de Cursach de defraudar presuntamente 51 millones a Hacienda y 14,7 a la Seguridad Social entre 2010 y 2016. Unos hechos en los que estarían implicadas 18 personas por no declarar los beneficios reales y por la contratación irregular de trabajadores en sus discotecas.

En el registro en Europa Press, tres policías y una agente judicial han pedido a una redactora que les facilitara el informe sobre las contribuciones tributarias del Grupo Cursach y que revelara cómo lo había obtenido. La periodista, que se ha acogió al secreto profesional (artículo 20 de la Constitución), les entregó su teléfono móvil y, además, los agentes se llevaron su ordenador portátil y uno de sobremesa. Según informó la empresa, los investigadores impidieron que la informadora se comunicara con sus servicios jurídicos para pedir asesoramiento.

A un redactor de 'Diario de Mallorca' también le fue requisado el móvil «personal». Los mismos policías reclamaron asimismo la entrega de los equipos informáticos, pero los responsables del periódico rehusaron facilitárselos.

El mandamiento judicial, al que ha tenido acceso este periódico, está firmado por el letrado de la administración de Justicia José Luis Cortes y también autorizaba al estudio de los whatsapp, correos electrónicos y otras redes sociales «a fin de detectar posibles envíos de datos, filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo de la causa».

Del mismo modo, se ha requerido a los periodistas para que faciliten a la Policía las claves de acceso necesarias en su caso para acceder a dispositivos de almacenamiento.

La pesquisas de la filtración se ha venido desarrollando durante los últimos meses y los investigadores también requirieron información por orden judicial en su día a la Agencia EFE.

Desde la Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a más de ochenta medios de comunicación españoles, entre los que se encuentran la agencia Europa Press y 'Diario de Mallorca', ha mostrado su más absoluto rechazo a los registros en las sedes de ambos medios en Palma de Mallorca.

La Asociación condena estos registros al entender que representan un grave ataque al derecho de información y a la independencia de los medios de comunicación frente a todo tipo de presiones. AMI recuerda a las autoridades policiales o judiciales que no pueden coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones, a los que les ampara el derecho de protección de sus fuentes.