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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado este martes adoptar medidas cautelares para asegurar la presencia del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en calidad de querellado. El histórico dirigente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que se encuentra ... ingresado en un hospital de Logroño afectado por coronavirus, mantendrá su pasaporte y deberá comparecer por videconferencia, si su estado de salud se lo permite, el próximo martes.
El magistrado, que tramita una querella de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra Ghali, ha justificado que «las 'informaciones' que hayan aparecido en medios de comunicación no pueden, por obvio, dar lugar a acordar medida restrictiva alguna para cualquier investigado», después de que este colectivo pidiera la retirada de su pasaporte para impedir su salida de España.
Pedraz, a la sazón juez decano de la Audiencia Nacional, aprovecha su resolución para librar exhorto a los juzgados ordinarios de Logroño con el fin de que se le dé traslado a Ghali de la querella con el objetivo de que pueda designar abogado y procurador. Y señala que en caso de que no tenga abogado se le asignará uno de oficio.
Asimismo, pide al juez decano de la capital riojana que le haga llegar la citación para el martes 1 de junio y que, en el supuesto de que permaneciera ingresado en el centro hospitalario de San Pedro, pueda realizarse esta diligencia vía telemática. De este modo, aprovechará la comparecencia de Ghali para preguntarle por los hechos contenidos en la querella, que le imputan graves delitos contra las personas.
Ghali fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave por dolencias derivadas de la Covid-19, después de que fuera trasladado en avión desde Argelia hasta Zaragoza. Un asunto que la diplomacia española tildó de cuestión humanitaria, pero que Marruecos utilizó para justificar la entrada irregular de más de 8.000 personas a Ceuta tras bordear a nado el espigón fronterizo.
Su estancia en España reactivó una querella presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica, que le acusa de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de Tinduf.
Según el relato de Breica, a su llegada a los asentamientos de refugiados saharauis en dicha localidad argelina fue amenazado por agentes del Frente Polisario para que se fuera. Lejos de hacerlo, organizó varios actos de protesta, siendo arrestado por militares y trasladado a centros de detención indeterminados donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, según relata.
Por estos hechos, Pedraz acordó tomar declaración a Ghali como investigado el 1 de junio. Poco tiempo después, el instructor de la Audiencia Nacional admitió una segunda querella, presentada por ASADEDH contra Ghali y otras 27 personas por el maltrato al que habrían sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, «especialmente» a los de origen español.
El colectivo saharaui reclamó la detención de Ghali, pero el juez Pedraz rechazó las medidas cautelares solicitadas, debido a su estado de salud y teniendo en cuenta que «no hay indicios claros de su participación en las conductas recogidas en la querella». Una tesis que por ahora también secunda la Fiscalía.
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