El juez recalca a Instituciones Penitenciarias que Urdangarin no puede salir a restaurantes ni tener móvil en el Hogar Don Orione

En una circular a la que ha tenido acceso El Norte de Castilla, el juez de vigilancia Florencio de Marcos recuerda a la Junta de Tratamiento que, al tratarse de un interno clasificado de segundo grado, el régimen de comunicaciones y visitas es «única y exclusivamente» el del Reglamento Penitenciario, de forma que las salidas autorizadas solamente tienen el fin de realizar el voluntariado con las personas dependientes del Hogar Don Orione y no otro objetivo que no sea el de la justicia restaurativa.

Así que el magistrado subraya en su respuesta a la autoridad penitenciaria que «queda terminantemente prohibida» cualquier comunicación con los familiares en los horarios establecidos de salidas, incluidas las llamadas telefónicas u otros medios «de similar eficacia», incluida la mensajería por Watshapp o Skipe.

Puntualiza también que el interno no puede salir de las instalaciones para ir a comer. Eso significa que le está vetado acudir a restaurantes con amigos y familiares en ese tiempo del almuerzo. Solo puede abandonar el centro para acompañar a las personas a las que atiende para sus actividades, como pasear por las inmediaciones (el Hogar Don Orione, en el término municipal de Pozuelo, está muy cerca de la Casa de Campo). Pero siempre teniendo en cuenta esos fines terapéuticos.

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El cuñado del Rey Felipe VI, que este pasado jueves ha salido por primera vez del centro penitenciario de mujeres de Brieva (Ávila) para realizar trabajo voluntario en la institución religiosa ubicada en Madrid, volverá el próximo martes. Con un vehículo con escolta, recorrerá la distancia de algo más de un centenar de kilómetros, tal y como establece el auto judicial «por sus propios medios», es decir, sin acompañamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Realizará su trabajo durante ocho horas cada día, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Fundamentalmente desempeñará tareas para favorecer la psicomotricidad de los residentes, algo más de un centenar, que padecen discapacidades muy serveras.

Mientras tanto, la Fiscalía de Valladolid agotará el plazo de diez días para estudiar si apela el auto judicial de 17 de septiembre pasado que permite la salida de Urdangarin, una medida de justicia restaurativa a la que ya se opuso el ministerio público.