El juez propone juzgar a 105 acusados por la trama de Gao Ping

En un extenso auto de pase a procedimiento abreviado (similar al procesamiento), el titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro finaliza la investigación y remite la causa a la Sala de lo Penal para su juicio. Considera que los hechos investigados constituyen delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública y otro continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos.

La resolución de más de 200 páginas da un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o bien, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables.

Además de señalar al «emperador» Gao Ping, el juez dirige el procedimiento contra otros miembros de la cúpula de la organización, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional como el inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel Gómez Gordo, empleados de banca, empresarios o joyeros expertos en diamantes que colaboraban en el lavado masivo de activos. El juez Calama también propone juzgar a Ignacio García Jordá, actor de cine de adultos conocido como «Nacho Vidal».

El juez expone que, a partir de la diligencias de entradas y registros ejecutadas en octubre de 2012, intervenciones telefónicas, declaraciones de los investigados, así como del análisis de documentación, dispositivos de almacenamiento masivo de información obrantes a la causa y de los informes periciales practicados, «aparecen indicios racionales para considerar que los encausados forman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados».

Y añade que su «único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros, y confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas».

Una de las vías que utilizaba la trama para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal consistía en la recogida de dinero centralizada en polígonos de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos.

En su escrito, el juez explica que la investigación ha acreditado la existencia de una macroorganización bajo el «liderazgo absoluto» de Gao Ping, en libertad provisional por esta causa. El empresario chino defraudó a Hacienda y blanqueó las ganancias obtenidas a través de una pluralidad de sociedades donde cada investigado tenía distribuidas «de forma milimétrica y perfecta sus funciones y cometidos».

Esta organización se estructuraba en un primer gran bloque, compuesto por ciudadanos chinos afincados en España que importaban a gran escala unos mil contenedores anuales de artículos de bazar fabricados en su país y que distribuían a través de 39 sociedades meramente instrumentales, organizadas con dos contabilidades paralelas, con el único propósito de eludir el pago de impuestos. Para ello, registraban un número menor al real de los artículos que entraban en los contenedores y declaraban otro tipo de productos distintos a los notificados.

Ese material posteriormente se centralizaba en naves industriales como las del Polígono de Cobo Calleja y en la localidad toledana de Seseña, y de ahí era distribuido a sus clientes que estaban repartidos en todo el territorio nacional. Esta primera trama de la organización transfería mensualmente a cuentas bancarias extranjeras entre cuatro y cinco millones de euros.

Las mercancías se cobraban en efectivo, lo que generaba a la organización «una inconmensurable cantidad de dinero en metálico» que posteriormente enviaban a China, «fuera de los cauces legalmente establecidos, a fin de evitar su oportuna declaración y el consiguiente pago tributario».

Una segunda trama estaba integrada por personas que actuaban de intermediarios. Eran ciudadanos que tenían elevados saldos bancarios en paraísos fiscales, que requerían dinero en efectivo en España y que contactaban con los investigados, que a su vez tenían dinero metálico en España y querían transferirlo ilícitamente a cuentas bancarias localizadas en el exterior. Los intermediarios cobraban comisiones entre el 2% y 3%. Esta organización se encuentra liderada por François Leiser.

La actuación coordinada entre ambas tramas se lleva a cabo a través de la labor de Rafael Pallardó, que trabaja para la trama constituida por ciudadanos de origen chino y es el encargado de sacar de España las cantidades ingentes de dinero que dicha trama genera; y Malka Maman, alias «La Sobrina», que actúa bajo la jefatura directa de Isaac Cohen, alías «el Gordo», que representaba en España esta trama B, y cuya labor era buscar «donantes» con una alta disposición de dinero en efectivo.

Por último, el juez describe una tercera trama de la organización, integrada por ciudadanos de origen chino dedicados al fraude fiscal y blanqueo de capitales, que utilizaban diversas vías para conseguir el retorno del dinero a su país. Realizaban un envío masivo de dinero camuflado en falsas remesas de inmigrantes, se servían del transporte físico por carretera para remesar el dinero desde países con menor control respecto al blanqueo de dinero, o bien utilizaban la vía aérea para trasladar capitales sin declarar.