El juez prohíbe al ex dirigente de ETA Mikel Antza salir de España

'Antza' se ha acogido a su derecho a no declarar, según ha explicado a la salida del Palacio de Justicia Rubén Múgica, el abogado de la acusación particular que defiende a Ana Iríbar y a Javier Ordóñez, la viuda y el hijo del que fue teniente de alcalde del PP en San Sebastián. La familia de Gregorio Ordóñez es quien está impulsando esta instrucción desde su inicio en 2015. A su llegada ante los Juzgados de la capital guipuzcoana, Antza ha explicado, sin mascarilla y únicamente en euskera, que no iba a hacer declaraciones a los medios de comunicación y ha ironizado diciendo «¿qué me está diciendo?» cuando una periodista ha realizado una pregunta en castellano.

Rubén Múgica ha sido quien ha relatado lo ocurrido durante la vídeoconferencia con la Audiencia Nacional en la que Mikel Albisu Iriarte ha hablado durante apenas dos minutos y «ha leído que las pruebas que hay contra él son el resultado de torturas». «Ha contado que vive poco menos que como el abuelito de Heidi y que quiere que le dejen tranquilo», ha explicado Múgica. El letrado donostiarra ha afirmado que «tiene que haber un esfuerzo redoblado para que quienes fueron jerarcas, capos de la organización criminal sean juzgados y condenados por lo que también hicieron, que es inducir a la perpetración de los asesinatos». «Este será el empeño de la familia de Gregorio para que Albisu Iriarte sea juzgado, condenado y encarcelado por aquel crimen», ha expresado.

Múgica ha indicado que a partir de ahora «el procedimiento tiene que seguir adelante contra otros cuatro jerarcas de la organización que tienen que pasar por este mismo estado, que es prestar declaración como investigado. Eso con el tiempo se conseguirá. Y creo que con el tiempo también habrá un juicio contra los inductores del asesinato de Gregorio», ha apuntado.

En la vistilla de medidas provisionales se ha pedido para Antza la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

La declaración de este martes en San Sebastián responde a una providencia firmada el lunes 13 de diciembre. El juez Alejandro Abascal, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 1, dio luz verde a su declaración, que considera «idónea y pertinente» dado que Antza ha permanecido en España durante más de 45 días desde su expulsión de Francia en enero de 2019, «lo que hace innecesario acudir a la ampliación de la entrega para actuar contra él».

Mikel Antza fue detenido en octubre de 2004 en una granja del sur de Francia en la que se ocultaba. Junto a él fue arrestada su compañera sentimental Marixol Iparragirre, 'Anboto'. Aquella macrooperación supuso un duro golpe para la banda. Cuando fue detenido, Albisu estaba considerado como número uno del aparato político de ETA. En el juicio celebrado en París en 2010 fue condenado a 20 años como jefe político de ETA, una pena que terminó de cumplir en 2019.

Antza estaba llamado a declarar para esclarecer un caso que no está cerrado, pese a que la Audiencia Nacional condenó a Juan Ramón Carasatorre, 'Zapata', Javier García Gaztelu, 'Txapote', y Valentín Lasarte como autores materiales del asesinato. Dispararon a Ordóñez cuando almorzaba en el bar La Cepa de la Parte Vieja donostiarra.