Una juez acusa a Puigdemont por desviar un millón del agua a la compra de arte cuando era alcalde

Nuevo frente judicial para Carles Puigdemont en el Tribunal Supremo. Y esta vez por una ristra de delitos diferentes a los que le imputan en la causa del 'procés'. Una juez de Girona ha remitido una exposición razonada al Alto Tribunal en la que solicita que el expresidente catalán y actual eurodiputado sea investigado por delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental en la gestión de la calidad del agua de la ciudad cuando era alcalde.

Según la exposición razonada de Elena Román, del Juzgado de Instrucción dos de Girona, la denuncia presentada por la CUP en la Fiscalía Anticorrupción tienen indicios de criminalidad, ya que considera que Puigdemont habría destinado en 2015 un millón de euros previstos para «la aplicación del canon extraordinario de la concesión del servicio de aguas» a comprar un fondo de arte para el ayuntamiento.

El inicio de esta investigación se remonta a 2015 tras la citada denuncia de la CUP. La juez solicitó la imputación de Puigdemont ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero tras adquirir el expresident la condición de europarlamentario, es el Supremo el que debe conocer estas actuaciones.

Según consta en la investigación, la gestión del servicio de agua en Girona corre a cargo de Agissa, una empresa mixta con un 80% de capital privado y el 20% restante de los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarriá de Ter. En marzo de 2013, en el marco de la aprobación de la segunda prórroga de la gestión del agua a dicha sociedad, se introdujo el pago de un canon extraordinario de 3,75 millones de euros a los tres consistorios.

De esa cantidad, el Consistorio que entonces dirigía Puigdemont recibió un total de 2.625.000 euros, importe que «debía revertir en el propio servicio» de aguas, según informe del Secretario del Ayuntamiento que consta en el escrito de Anticorrupción. Sin embargo, y mediante un «artificio contable», explica el fiscal, un millón de euros de ese canon acabaron en la compra de un fondo de arte que había pertenecido al historiador Rafael Santos Torroella y que estaba valorado en 4,7 millones.

El artificio consistió en la «modificación de crédito por transferencia entre partidas» y finalmente la compra y financiación de la colección fue autorizada por un total de 11 concejales del Pleno del Ayuntamiento del 14 de febrero de 2014. Una modificación de crédito que, tal y como remarcan los informes periciales, no se podía llevar a cabo porque «no se podía usar el dinero obtenido por el canon extraordinario al estar afecto a una finalidad concreta», esto es, «el ciclo del agua».

La operación para ocultar la procedencia del dinero para el primer pago de la colección de arte se hizo, para Anticorrupción, «con el conocimiento y aprobación de Carles Puigdemont». Una maniobra que, en opinión de la magistrada de Girona, contravino la Ley de Haciendas Locales.