Los testigos avalan la versión de Franco sobre el riesgo del coronavirus tras el 8-M

La mayoría de los testigos que comparecieron este jueves ante la juez que instruye la denominada causa del 8-M, cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno de Madrid y una decena de convocantes de manifestaciones en días cercanos a la fecha de la marcha del Día de la Mujer, ratificaron el contenido de las declaraciones que hicieron ante la Guardia Civil.

Los comparecientes contaron que desde las oficinas del delegado José Manuel Franco, investigado por presunta prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas), se llamó telefónicamente a sus organizaciones pidiendo que anularan los actos por la situación sanitaria decretada el lunes 9 de marzo, un día después de la marcha feminista.

Las fechas sobre las llamadas preventivas por la propagación de la Covid-19, tal y como contaron a la juez los testigos, cuadran con lo manifestado este miércoles por el propio Franco, al reconocer que no tuvo constancia de la «percepción» real del riesgo hasta el 9 de marzo.

La línea de defensa seguida por la Abogacía del Estado, que le representa en esta causa, pasa por asegurar que la Delegación no recibió ninguna alerta sanitaria de organismos nacionales o internacionales antes del 14 de marzo (estado de alarma), y que las convocatorias no autorizadas entre el 9 y el 14 de ese mes se debió a la valoración que hicieron sobre el riesgo creciente de la propagación del virus.

Un líder agrícola extremeño, Juan Metidieri, explicó este jueves tras su comparecencia judicial que la Delegación llamó al abogado de su organización días después del 8 de marzo y antes de que se declarara el estado de alarma para instarle a que desconvocara la tractorada que habían organizado por motivos sanitarios.

Otro testigo, la portavoz de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler (APASAA), Diana Chnaiker, negó a preguntas de la abogada del Estado que desde la Delegación alguien le obligara o presionara a desconvocar la manifestación, y que solo le llamaron después del 8-M para advertirle del coronavirus.

Más directo fue un miembro de la Asociación de Defensa del Sistema Público de Pensiones, que aseguró a la salida del juzgado que la magistrada «está buscándole tres pies al gato cuando tiene cuatro». Por su parte, un miembro del sindicato CGT, Santiago de la Iglesia, también ratificó que nadie le presionó para desconvocar un acto previsto en Leganés el mismo 14 de marzo.

Mientras se celebraron estas testificales, la juez instructora Carmen Rodríguez-Medel tuvo tiempo para dictar una nueva resolución en la que ampliaba la investigación para conocer cómo actuaron otras instituciones entre el 5 y el 14 de marzo. La magistrada quiere contraponer la información que salga de estas pesquisas con las resoluciones dictadas por la Delegación del Gobierno de Madrid.

En concreto, libró un oficio al ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid para conocer qué decisiones tomaron sobre eventos, actos o reuniones masivas, públicas o privadas, celebradas en la región en esas fechas, y si algún acto así fue «suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con la Covid-19».

Entre estos eventos, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid incluyó los «deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la administración, ferias o cualesquiera otros».

Tras conocer la providencia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió este jueves que el consistorio, entre el 5 y el 9 de marzo, no disponía «de la información que sí tenían otras administraciones» sobre el coronavirus a la hora de poder autorizar o denegar eventos masivos.

Este jueves también se conoció que la Fiscalía de Madrid volvió a pedir el archivo de la causa en un recurso ante la Audiencia Provincial en el que incide en la falta de indicios delictivos.