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El juez que instruye la causa contra Begoña Gómez no parece estar dispuesto a tirar la toalla del todo después de que la Fiscalía Europea haya decidido hacerse cargo de la parte central del caso, la que se refiere a las adjudicaciones por parte de la sociedad pública de Red.es por más de 10 millones de euros al empresario Juan Carlos Barrabés tras las cartas de recomendación de la mujer de Pedro Sánchez.
El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, sí que anunció este martes que suspende las declaraciones previstas para el próximo domingo como testigos de varios de los principales responsables de Red.es, la empresa que está en el punto de mira de la Fiscalía Europea porque en esos contratos al recomendado de Gómez había dinero de fondos de la UE. Sin embargo, el instructor mantiene para el próximo 5 de julio la declaración como investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios de la esposa del jefe del Ejecutivo.
El juez Peinado todavía no ha hecho público si acepta sin más ceder el meollo de su investigación a la Fiscalía Europea o si, por el contrario, va a recurrir ese decreto de avocación del Ministerio Público de la UE ante el Tribunal Supremo para intentar mantener su competencia sobre las adjudicaciones a Barrabés.
No obstante, tal y como subrayan fuentes cercanas al proceso, su decisión de mantener agendado el interrogatorio de Begoña Gómez apunta, al menos, que su intención es seguir investigando los flecos que quedan en esta causa. Aunque la Audiencia Provincial de Madrid ya ha avanzado que no ve materia para acusar a Gómez por el otro eje de la denuncia original (sus reuniones con altos responsables de Globalia, matriz de Air Europa, en vísperas del rescate multimillonario de la aerolínea) el juez tiene nueva munición que no estaría vinculada con el dinero de Bruselas. Y es que el colectivo Hazte Oír, que es acusación popular en estas diligencias previas abiertas el pasado abril, ha ampliado su denuncia contra la esposa de Sánchez por la supuesta apropiación por parte de ésta del software que pagó la Universidad Complutense. Hazte Oír le acusa ahora también de delitos de administración desleal, malversación e intrusismo por haber ofrecido esa herramienta de consultoría para pymes a través de la web de la empresa que creó el pasado noviembre.
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