El juez del 'caso Pegasus' cita como testigo al ministro Bolaños

En esta pieza, el tribunal de la calle Génova investiga el espionaje durante 2021 de los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, y del intento fallido de infección con el malware israelí del titular de Agricultura, Luis Planas.

Además, el magistrado ha acordado ampliar la comisión rogatoria cursada a Israel para que una comisión judicial encabezada por él se desplace a aquel país para tomar declaración como testigo al CEO de la empresa que comercializa el programa Pegasus, la compañía NSO Group. Calama ya dirigió una primera comisión rogatoria a este país para que la empresa informara sobre distintos extremos de esta herramienta informática, pero todavía no ha recibido respuesta del Ejecutivo de Tel-Aviv. Tanto NSO como las autoridades israelíes son reticentes a cooperar en este tipo de casos y no han tramitado otras solicitudes cursadas en sentido similar por otros países.

En el marco de esta investigación y mientras ha permanecido secreto, Calama tomó declaración como testigos el pasado viernes a la exdirectora del CNI Paz Esteban y al funcionario de ese organismo encargado de elaborar los informes sobre este asunto.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha acordado el levantamiento del secreto de las actuaciones, sin perjuicio de que pueda volver a decretarlo si la investigación así lo requiere.

Calama abrió la investigación sobre el espionaje a los responsables del Gobierno el 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado, en principio por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también el espionaje a Grande-Marlaska.

Todas las intrusiones tuvieron lugar entre mayo y junio de 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de acoger en España al líder del Frente Polisario para ser tratado por covid y coincidiendo con la gran avalancha de inmigrantes marroquíes, mucho de ellos menores, a Ceuta.