Un juez militar exonera a ocho mandos por el accidente de un caza

El titular del Juzgado Togado Militar Central número dos, coronel auditor Álvaro Lafita, ha desechado en un auto el cúmulo de indicios delictivos recopilados durante seis años de instrucción por la comandante Patricia Moncada, del Juzgado Togado Territorial número 12 de Madrid. La investigación de la oficial removió los cimientos de la cúpula del Ejército del Aire y llegó al Gobierno del PP, que desclasificó en 2015 el informe de seguridad en vuelo del caza.

Moncada tuvo que inhibirse en abril de 2020 al órgano superior al apreciar indicios contra los oficiales, pero antes escribió una minuciosa resolución de 274 páginas (ver documento adjunto) en la que detalló los delitos supuestamente cometidos: deslealtad, denegación de auxilio y contra la eficacia del servicio (homicidio por imprudencia grave).

Los mandos implicados son dos coroneles, dos tenientes coroneles, un capitán, un comandante y un teniente. Fueron citados como imputados por el juez Lafita, quien, tras 20 meses de instrucción, ha dado la vuelta a las conclusiones de su compañera. Concluye que a siete de los encausados les beneficia la prescripción de los delitos y al octavo, el coronel J. C., lo exonera por falta de indicios delictivos.

Antes del accidente, el caza F-5 sufrió una avería y estuvo orbitando durante 17 minutos y 56 segundos sobre la base aérea, pero, en vez de eyectarse en paracaídas, el comandante Álvarez Raigada intentó un aterrizaje de emergencia , lo que hizo que el avión se desplomara antes de alcanzar la pista. Al tratarse de una misión de instrucción, fue seguida en directo desde la sala de operaciones de la base, donde se reproducen todos los parámetros del vuelo, pero nadie intentó disuadirle de intentar la maniobra. Tampoco el coronel J. C., máximo rango y el piloto con más horas de vuelo a nivel internacional del modelo F-5.

El auto de archivo justifica que el «silencio» del coronel, apartado detrás de un mostrador aquella fatídica mañana de otoño, en lugar de infringir un deber de garante, «lo que hizo fue no entorpecer la labor de auxilio que desde la sala estaba dando al comandante fallecido». Sobre el resto de irregularidades descubiertas por Moncada, el juez Lafita, con el respaldo de la Fiscalía castrense, las despacha con la concurrencia de la prescripción. Aunque añade que, en todo caso, no constituyen delito alguno, ya que los imputados no infringieron deberes o dejaron de cumplir sus obligaciones, ya sea por acción o por omisión. «Su actuación no fue causa del fatal accidente», sentencia.

Esto significa que no aprecia irregularidades en otras causalidades del accidente, como la pieza del motor izquierdo que se rompió a los pocos segundos de iniciarse el vuelo, que les debía llevar a la base de Albacete. Se trató de un disco del rotor de turbina (ver galería fotográfica), que sufría «fatiga de material» y tenía una grieta desde antes de 2009 que se fue ampliando y nunca fue detectada porque no se aplicaron los procedimientos adecuados. El jefe de taller, el comandante A. B., no cambió la pieza pese a exceder su vida útil, según la orden técnica del fabricante General Electric, que es de obligado cumplimiento.

Sin embargo, el auto de sobreseimiento explica que el día del siniestro no se habían superado los 3.000 ciclos de vida útil y, por lo tanto, no era necesario el desmontaje del motor. Que los mantenimientos fueron correctos y que no existían zonas sospechosas de sufrir roturas. Por lo tanto, según el juez, no hubo negligencia profesional ni omisión de la inspección.

En todo caso, la avería en vuelo obligó a parar el motor izquierdo, pero quedaba el otro, por lo que el dramático desenlace se podía haber evitado si se hubiera gestionado correctamente la emergencia. Pero, en vez de realizar una «prueba de controlabilidad» que hubiera puesto en evidencia que el F-5 no estaba en condiciones de aterrizar, el comandante intentó a toda costa tomar tierra.

Ello pese a que también fallaba la palanca de dirección de la aeronave, que tenía acortado su movimiento longitudinal. Además, los fragmentos de la rueda de turbina salieron despedidos y afectaron al fuselaje y la chapa que protegía el sistema de profundidad del avión, llamado cangrejo, que quedó bloqueado en una posición de picar, lo que provocaba que el morro del avión tendiera a caer.

Álvarez Reigada tenía la máxima calificación como piloto e instructor. Sin embargo, una dolencia en el riñón lo apartó durante varios meses de los mandos y perdió su aptitud como piloto del F-5. Esto le obligó a realizar un plan corto de adaptación. Su expediente demuestra que de las siete misiones de simulador programadas solo hizo una y durante su estancia previa en Estados Unidos completó cinco en un año cuando el Ala 23 debe realizar 12. Pero tras escuchar al coronel imputado en junio pasado, el juez estimó que su calificación sí le permitía manejar el caza, pese a que nadie evaluó sus conocimientos teóricos.

La operación de salvamento también tuvo agujeros negros, El alférez Santamaría, que tenía entonces 23 años, salió disparado del F-5 y se estrelló contra el suelo de la base, sufriendo lesiones graves en la columna, mientras que el comandante, aún con vida, quedó entre los restos incendiados del aparato. Los servicios de rescate tardaron en llegar y mientras aplicaban el líquido extintor el oficial se eyectó finalmente chocando contra uno de los vehículos de bomberos, falleciendo en el acto.

Pese a que todos estos hechos son recogidos como indicios delictivos por la juez Moncada, su compañero Lafita y la Fiscalía castrense reclaman ahora al Tribunal Militar Central cerrar la causa para siempre y exonerar a los ocho oficiales del Ejército del Aire.