La juez de las macrocausas en Andalucía arroja la toalla

Según explicaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sala de Gobierno ratificó este lunes el plan de reparto diseñado entre Núñez y Vilaplana, que a partir de ahora pasará a hacerse cargo de las decenas de causas separadas de los ERE fraudulentos, la pieza del supuesto fraude en los cursos de formación, o la de los préstamos y avales concedidos por otras empresas públicas de la Junta de Andalucía bajo el mandato socialista. Unos casos que ha conocido en el último año al suplir la baja por enfermedad de Núñez Bolaños. Vilaplana, que llegó al juzgado de instrucción 6 hace cuatro años como refuerzo, ya asumió además la investigación del dinero público de la extinta Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) que se gastó en prostíbulos.

El atasco en el juzgado 6 de instrucción comenzó en 2011, cuando la entonces instructora Mercedes Alaya inició la causa de los ERE. Fue la espita que dio paso a otras denuncias y la aparición de nuevas macrocausas que cercaban al PSOE y su gestión en la Junta, todas ellas con sumarios interminables.

En julio de 2015, Alaya decidió para promocionar a un puesto en la Audiencia provincial. Pero desde su nuevo puesto peleó por seguir con esas causas, y no vio con buenos ojos la designación de Núñez Bolaños como su sustituta. De hecho, en una misiva al CGPJ puso en duda su capacidad y preparación e incluso su independencia, al sacar a relucir su amistad con un miembro del Ejecutivo andaluz. De nada sirvió, y el Poder Judicial ratificó a Bolaños en el juzgado, que agilizó algunas de estas causas al dividirlas en piezas separadas para evitar el archivo por prescripción de algunas diligencias

Desde ese momento, el choque se produjo con la Fiscalía Anticorrupción, que cuestionó no pocas veces sus criterios. También con la acusación particular que ejerce el PP en esas macrocausas contra la gestión socialista. La jueza acabó de baja médica casi un año, y con la asociación de juristas Francisco de Vitoria denunciando «una campaña de acoso y derribo» por parte de medios de comunicación e incluso partidos políticos.