El juez retira la euroorden a Puigdemont para que Bélgica no suprima el delito de rebelión

Llarena realiza este movimiento con la intención de evitar que las autoridades belgas cercenen la posibilidad de juzgarles por todos los delitos que se le atribuyen a él y a sus consejeros. La razón es que la Decisión Marco que regula este procedimiento de entrega de sospechosos entre países de la Unión Europea prevé que se podrá denegar la orden si los hechos que motivan la misma -delitos de rebelión o sedición- no son constitutivos de delito de acuerdo con el derecho del Estado miembro de ejecución, en este caso Bélgica, como ocurre en este procedimiento.

Los abogados de los investigados huidos a Bélgica ya han alegado precisamente ante los tribunales de ese país que el delito de rebelión no está tipificado exactamente así en la legislación de aquel país.

En su auto, el juez recuerda que la orden europea de detención es un instrumento de colaboración judicial y que una vez emitida, el instructor puede ponderar en cualquier momento la conveniencia u oportunidad de su mantenimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que le prestan soporte conforme con su derecho interno y los efectos que esa orden de detención pueda tener en el proceso penal que se esté tramitando, en este caso en el Tribunal Supremo español.

Llarena explica que los autos de busca y captura e ingreso en prisión y las oportunas órdenes europeas de detención y entrega se emitieron el 3 de noviembre de 2017 por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Asimismo, describe el nuevo escenario que se presenta en este momento. De un lado, con posterioridad a la emisión de las órdenes, señala Llarena, "los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente".

De otro lado, recuerda que, una vez acumulada la causa, los hechos investigados suscitan la eventual comisión de un delito de naturaleza plurisubjetiva y no se puede juzgar a unos por un delito y a otros no.

Según el magistrado, el actual mantenimiento de las órdenes de detención no facilitaría el adecuado desarrollo del proceso "pues al ser posible que el Estado requerido deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se posibilita una restricción del título de imputación para los que se encuentran fugados, lo que dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones e introduciría perturbaciones de defensa para los investigados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en peor derecho que quienes se encuentran fugados".

Por ello, en el estado actual de las actuaciones, el magistrado considera oportuno, ponderando los intereses en juego, retirar las órdenes de detención -la española sí se mantiene- objeto de análisis y renunciar a la petición de colaboración que comportan. Además, entiende que esta retirada no genera ningún gravamen a los afectados por ella, "pues, en la medida en que los encausados se opusieron a que se ejecutara por el Estado requerido el acto de colaboración que analizamos, eso es lo que esta resolución les aporta".

Contra el auto de Llarena se puede interponer recurso de reforma y/o apelación ante la Sala Segunda del Supremo. Mientras tanto, Puigdemont y los exconsejeros podrían quedarse en Bélgica sine die, incluso ser diputados del Parlament en el exilio, ya que no tienen por qué recoger en persona el acta de diputados autonómicos si son elegidos, según fuentes jurídicas.