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El juez que instruyó la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha emitido este martes sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra los exconsejeros catalanes Antoni Comin, Lluis Puig y Clara Ponsatí, declarados formalmente procesados en rebeldía desde ... julio de 2018 tras huir a Bélgica y Escocia, respectivamente. La exconsellera de Educación de la Generalitat ha anunciado que este mismo jueves se entregará a la Policía de Edimburgo (Escocia) a las 11.30 horas acompañada de su abogado Aamer Anwar, donde será detenida y transferida al Tribunal del Sheriff de Edimburgo, tras la reactivación de la orden europea de detención y entrega por un presunto delito de sedición. Los otros dos políticos tienen intención de entregarse en los próximos días a las autoridades de los países en los que se encuentran.
Las órdenes europeas, internacionales y nacional de captura e ingreso en prisión se emiten por delitos de sedición y malversación de caudales públicos, en el caso de Comin; por delito de sedición, en relación a Clara Ponsatí; y de malversación y desobediencia, respecto a Puig.
Las órdenes internacionales se han enviado a Interpol para la detención a efectos extradicionales en el caso de que estos procesados se localicen en un país que no pertenezca a la UE, algo que se ha conocido unas horas antes de que los autos de Llarena salieran a la luz.
En su amplia resolución de 59 páginas, el magistrado hace un relato de hechos a partir de las diligencias practicadas hasta la fecha en la causa del 'procés', y considera plenamente justificada la petición realizada por la Fiscalía el pasado 31 de octubre para activar las euroórdenes.
El juez Llarena subraya que el resultado probatorio de la sentencia no es directamente extrapolable a los procesados en rebeldía, quienes no han sido juzgados, y que se enfrentan a los hechos que ofrece la investigación, aunque «no puede sino concluirse que la sentencia reafirma la conclusión del auto de procesamiento de que los procesados perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad«.
Además, la sentencia del 'procés' consideró constitutivos del delito de malversación los gastos generados por la obtención de toda prestación onerosa orientada a la celebración del referéndum ilegal, aún cuando su importe no hubiera llegado a ser satisfecho; no siéndolo, sin embargo, la cesión de locales para la celebración de la votación por el supuesto valor de uso de estos inmuebles. Por esta razón, no puede imputarse malversación a Ponsatí, responsable entonces de la Consejería de Educación
Estas tres ordenes de detención se suman a la dictada el mismo día que se conoció la sentencia, el pasado 14 de octubre, contra Carles Puigdemont, quien ya ha comparecido ante la justicia belga y ha quedado en libertad condicional mientras se resuelve sobre el fondo el próximo diciembre.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha replicado este martes al presidente del Gobierno en funciones, que ayer se comprometió a traerlo a España. En un vídeo difundido a través de las redes sociales, Puigdemont ha querido lanzar un mensaje a Pedro Sánchez: «Solo tiene dos maneras de cumplir esta promesa, y ambas son ilegales, son contrarias al derecho de la Unión Europea y a la democracia». Una, ha concretado, es que Sánchez «tome desde el Consejo de Ministros las decisiones que en una democracia consolidada solo puede tomar el poder judicial». «Si usted respeta la Constitución que tanto dice defender, esto no lo puede hacer», ha recalcado.
«La otra es practicar lo mismo que un ministro y otros dirigentes del Partido Socialista ya practicaron en el pasado y que usted seguramente justifica: el secuestro de personas. ¿Usted me quiere secuestrar, señor Pedro Sánchez?», ha preguntado.
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