El juez Antonio Serrano-Arnal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, ha realizado las primeras pesquisas para conocer los detalles del encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto de Madrid-Barajas el ministro de Transportes, Movilidad y ... Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
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El magistrado quiere recopilar información sobre el protocolo y conocer al «funcionario o autoridad» responsable de dar cumplimiento a la decisión europea 2017/2074, relativa en su punto sexto a las medidas que adoptarán los Estados miembro para impedir que entren en su territorio o transiten por él «las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela».
En esta lista se encuentra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, entre otros, y el magistrado reclama al Ministerio del Interior, en concreto la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, que le aclare tres cuestiones: el procedimiento seguido para implementar y cumplir en territorio español este acuerdo del Consejo de la Unión Europea, la puesta en conocimiento del mismo a los encargados de su vigilancia y, por último, identificar a la persona responsable de su seguimiento en el puesto fronterizo del Aeropuerto Madrid-Barajas.
Se trata, según el auto al que ha tenido acceso este periódico, de diligencias de investigación preliminares, realizadas de oficio por el juez «sin perjuicio» de lo que se acuerde sobre la admisión de las querellas presentadas tanto en su juzgado como en el Tribunal Supremo contra Ábalos, en su condición de aforado, por parte del llamado Partido Laócrata y de Vox por si hubiera incurrido en presunta prevaricación administrativa (castigada con inhabilitación).
La Fiscalía de momento no se ha pronunciado sobre la existencia o no de indicios de delito, pero este primer movimiento del juez se dirige sobre todo a identificar al funcionario responsable de dar cumplimiento a la directiva europea de noviembre de 2017. Barajas cuenta con una comisaría propia y en las instalaciones trabajan agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además de seguridad privada.
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