El juez investiga los vídeos electorales de Podemos por si fueron un servicio simulado

El juez Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42, también ha solicitado a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción que indague una cuenta bancaria de la consultora a la que el 29 de marzo de 2019, un mes antes de los comicios, se transfirieron 75.000 euros desde una cuenta de la coalición electoral Unidas Podemos.

Hasta la fecha el partido ha entregado al juez más de 1.400 documentos para probar que los servicios se prestaron, de acuerdo con su abogado, Gorka Vellé. La empresa, por su parte, asegura que también posee una serie de archivos -vídeos, fotografías e instrucciones sobre diseño gráfico- para justificaron el contrato de obra.

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, elaborado a petición del instructor, y la contabilidad de Neurona de los años 2019 y 2020, entregado por el administrador de la empresa Elías Castejón, también investigado junto a varios dirigentes de Podemos, refleja que se pagó los 363.000 euros del contrato en varias transferencias, así como otros ingresos del partido, todo ello por un valor acumulado de 425.443 euros.

Los apuntes contables de Neurona también muestran varias transferencias de esta empresa a la sociedad mexicana Creative Advice, a la que subcontrató esta empresa para que fuera quien efectivamente prestara los trabajos contratados por Podemos. En total, hubo un trasvase de 307.000 euros de la primera a la segunda mercantil.

Otra línea de investigación son las obras de reforma de la nueva sede nacional del partido dirigido por Pablo Iglesias. El juez ha reclamado al arquitecto Manuel Campos que entreguen una serie de documentación para justificar sus servicios. En este asunto el denunciante, el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, indicó que las obras se sacaron a concurso por 649.000 pero que el coste final fue de más de 1,3 millones de euros, y alertó de que el sobrecoste podría deberse a la intención de beneficiar a ciertas empresas.

La denuncia de Calvente apuntó cuatro hechos supuestamente delictivos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras de Podemos, la abogada Marta Flor; y la licitación presuntamente irregular de las obras de la sede nacional.

Escalonilla ha archivado la causa en lo tocante a los contratos electorales con ABD y a la llamada 'Caja B', manteniéndola abierta para los otros hechos denunciados. Sin embargo, la Fiscalía ha recomendado limitar las pesquisas al contrato entre Neurona y Podemos, por considerar que las demás cuestiones denunciadas por Calvente son meros «rumores, sospechas o suspicacias».

De los asuntos que aún se investigan hoy han prestado declaración en el juzgado como investigados la gerente de la formación, Rocío Val; el responsable de finanzas, Daniel de Frutos; el responsable de comunicación, Juanma del Olmo; y a la responsable de compras, Andrea Deodato. Mientras que en calidad de testigos comparecen seis representantes de empresas relacionadas con las obras de la sede.