Un juez investiga un caso relacionado con la consultoría que fundó el exministro Montoro

Según El Independiente y han confirmado luego las mismas fuentes, esta causa guarda relación con la archivada en 2019 por el Juzgado de Instrucción Número 22 de Madrid. En ella se había imputado al citado despacho y algunos socios por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsificación de documento mercantil.

Este caso ya sobreseído arrancó en 2017 a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en relación con una adjudicación que presuntamente le habría dado a la consultoría referida el Consejo Superior de la Cámara de Comercio. El que fuera ministro del Gobierno de Mariano Rajoy explicó entonces que cuando dejó esa firma aún no se había contratado con ninguna administración. De hecho, éste la fundó primero bajo el nombre de Montoro Asociados, luego pasó a llamarse Equipo Económico (EE) y desde 2016 tiene la denominación de Global Afteli (GA).

Las fuentes consultadas indican que la causa investigada ahora por el juzgado catalán es la misma sobre la que Anticorrupción celebró una junta el pasado 26 de septiembre para avalar el criterio de su jefe, Alejandro Luzón. El motivo es que este responsable del Ministerio Público se oponía a celebrar una serie de pesquisas que la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, quería llevar a cabo.

Cerdá había invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), según el cual cuando un fiscal «recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente», se lo trasladará a su superior. Después, en caso de persistir la discrepancia, el fiscal jefe podrá convocar una junta para revalidar su decisión o llegado el caso cambiar de criterio.

Fuentes fiscales explicaron que se trata de un mecanismo excepcional, por cuanto resulta inusual que se recurra al mismo. Pero en el caso de García Cerdá, no es la primera vez que difiere de Luzón. En la llamada 'operación Púnica' han sido sonadas las diferencias entre el jefe de Anticorrupción y las fiscales de la causa, tanto García Cerdá como Teresa Gálvez. Incluso éstas no firmaron el informe de la pieza número 9 sobre la presunta 'caja b' del PP de Madrid, en el que se proponía archivar el caso para los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, criterio que finalmente siguió el juez instructor.