El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia, dirigida por el diputado autonómico madrileño del PP Daniel Portero, contra los exjefes de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Tenera'; Airtzol Iriondo, 'Garbitz'; Mikel ... Carrera Sarobe, 'Ata,' y a Ainhoa Ozaeta, 'Kuraia', por su presunta responsabilidad, como integrantes del comité ejecutivo de ETA, en la toma de la decisión de atentar en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas el 30 de diciembre de 2006. Una explosión que mató a dos personas y puso fin a las negociaciones con la banda terrorista.
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En un auto, el magistrado adscrito de forma temporal al Juzgado Central de Instrucción número uno ha abierto una causa por los delitos de estragos terroristas, dos delitos consumados de asesinato terrorista y ocho delitos intentados de asesinato terrorista contra los cuatro exjefes de ETA "por su condición de dominadores de la organización desde su posición de máximos dirigentes del órgano de dirección y del comité ejecutivo o ZUBA (acrónimo de Zuzendaritza Batzordea o Comisión de Dirección) en el momento del atentado".
El juez explica que los hechos en los que se fundamenta y basa la querella son fundamentalmente la implicación de la ZUBA en la decisión del atentado de Barajas y en proporcionar al 'comando Elurra' la furgoneta-bomba utilizada, según se desprende de la sentencia 18/210 de la Audiencia Nacional. Además, indica, "la expresa y clara identificación" de los cuatro querellados como dirigentes de ETA que formaban el comité de dirección en el momento de los hechos y la expresa reivindicación del atentado en fechas posteriores por la propia ZUBA.
Boletín
El magistrado también refiere especialmente la mención del "decálogo de los militantes de ETA", recogido en el zutabe número 100, acreditando la plena disponibilidad fungible o intercambiable de los miembros «a trabajar en cualquier cometido que pueda decidir la organización», así como la reconocida "profundidad de la militancia que desarrollan los miembros de ETA".
La resolución señala que se ha ponderado el informe elaborado por la Comisaría General de Información, etiquetado como "integrantes de los órganos directivos de ETA", de 30 de junio de 2014, que respalda la verosimilitud de los hechos relatados en esta resolución.
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Para ello, se otorga el grado de hechos imputables y dando el estatus pasivo del proceso a Josu Ternera como responsable del aparato político; Aitzol Iriondo, responsable del aparato militar; Mikel Kabikoitz Carrera; responsable del aparato logístico; y Ainhoa Ozaeta, responsable del aparato de tesorería.
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