Un juez imputa a tres mandos policiales por grabar a los agentes que investigaron a Villarejo

El titular del Juzgado de Instrucción número nueve de Madrid, Arturo Zamarriego, considera que los hechos contenidos en la querella pudieran ser constitutivos de un delito de revelación de secretos y contra la intimidad y cita a los mandos policiales imputados el próximo 22 de febrero. Del mismo modo, el magistrado ha reclamado la hoja histórico penal de los querellados y ha librado un oficio a la Dirección General de la Policía (DGP) para que le remita testimonio de una resolución dictada por la DAO el 11 de octubre de 2017 –bajo la etapa del popular Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior– que estaría detrás de los hechos ahora judicializados.

La querella presentada por la agente en enero pasado, y que ahora ha sido admitida por el juez, versa sobre el presunto boicot sufrido por el grupo de la unidad de Asuntos Internos que entre 2014 y 2017 integró la comisión judicial que investigó a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias 'el pequeño Nicolás', el joven que acumula ya cuatro condenas por sus actividades fraudulentas, y que acabó afectando a mandos policiales como José Manuel Villarejo, entonces agente operativo.

El texto recoge que en octubre de 2014 el entonces comisario principal y jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, encomendó al Grupo IX investigar si Gómez Iglesias estaba usurpando funciones de altos cargos del Estado para su lucro personal con la connivencia de funcionarios policiales. Tras «inopinadas e irregulares intromisiones» en las pesquisas de esta unidad, detalla la querella, el juez tomó la determinación el 21 de abril de 2015 de crear una comisión judicial que solo comunicara «directa y exclusivamente» los avances de la investigación con el juzgado. Pretendió evitar así la intervención de mandos policiales en la causa, ya que afectaba entre otros a José Manuel Villarejo, el comisario asignado entonces a la DAO y que sería detenido dos años y medio después en el marco de la 'operación Tándem'.

Sin embargo, cuando accede al juzgado la magistrada Pilar Martínez Gamo en 2017 decidió cesar y apartar de la investigación a la comisión judicial sin haber acabado las pesquisas. Ello pese a que la tarea del grupo fue ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid. Seguidamente, la juez ordenó la remisión al juzgado de toda la documentación relativa a la investigación.

De forma paralela, el 24 de agosto de 2017 la Dirección General de la Policía (DGP), a instancias de la DAO dirigida entonces por el comisario Villabona, ahora imputado, cesó de sus puestos de trabajo a los integrantes del Grupo IX de Asuntos Internos y los degradó a otros destinos. Entre ellos a la agente querellante. Ello pese a que la juez Martínez Gamo les había encargado un mes antes remitir toda la documentación policial del caso del 'pequeño Nicolás'.

Pese al riesgo de romperse la cadena de custodia de estos documentos, la dirección policial volvió nuevamente a la carga a finales de septiembre con la petición de cese del grupo y ahora, «de un modo inopinado», la juez sí autorizó su disolución con una orden añadida: la remisión al juzgado en tres días naturales de los más de 10.000 documentos que quedaban por clasificar. En aquel momento era jefe de la unidad adscrita a los juzgados de Madrid Pedro Agudo, uno de los tres investigados en esta querella.

En este punto se desencadenaron los hechos que se investigan ahora. La DGP procede a la instalación de cámaras en la vía pública en las inmediaciones de la entrada al edificio que compartía la comisión judicial, liderada por el inspector Rubén López, con despachos de abogados, empresas y particulares. La medida se extendió del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2017 y quedó registrada en el oficio policial número 420. No obstante, esta medida no provocó la apertura de diligencias policiales ni se referenciaron los indicios delictivos para justificar esta vulneración de derechos fundamentales. Tampoco se dictó ninguna orden judicial que motivara esta decisión.

Fue el ahora comisario Pedro Agudo, relata la querella admitida, quien mediante mandato de la juez incautó todos los archivos de la investigación 'del caso Nicolás y cogió las grabaciones de la cámara de seguridad, pero «no lo reflejó en el acta de incautación al no tener autorización para intervenir esas cintas y menos visionarlas».

Agudo, no obstante, se las remitió a su superior Álvarez Saavedra, secretario general de la DAO entonces. Lo hizo a través de un documento que integraba las grabaciones en vía pública sin autorización judicial con otras de seguridad de la comisión judicial del 'pequeño Nicolás', que trataba de protegerse porque ya investigaba a Villarejo. Según relata la querella, Agudo pretendió «hacer parecer» que los miembros de la comisión se llevaron documentación de la investigación. Una «extralimitación» que la juez Martínez Gamo debió de dejar sin efecto, pero que ni siquiera investigó.

Villabona, que antes de jubilarse fue director de Seguridad y de Integridad de la Liga de Fútbol Profesional (2018-2022), Saavedra, que pasó por la embajada española en Reino Unido, y Agudo, actual jefe del área de Transformación digital y Coordinación en Ciberseguridad, tendrán que aclarar en el juzgado en febrero próximo por qué se grabó sin autorización judicial a los compañeros de Asuntos Internos que investigaban a mandos policiales .