Imputados siete ganaderos por desórdenes públicos en el asalto al Pleno de Lorca

Entre los siete empresarios que tendrán que dar explicaciones ante la juez están los propietarios de Quesos El Roano. Uno de ellos, Pedro G. R., reconoció un día después en este periódico su participación en el asalto, aunque se mostró «absolutamente arrepentido» y pidió «disculpas» tanto a los policías afectados como a los funcionarios y los concejales del Ayuntamiento. Su hermano, Jaime G. R., también tendrá que acudir a los juzgados para declarar como investigado.

La juez ha imputado también a Fernando F. M., conocido por ser propietario de grandes cebaderos de cerdos en el municipio de Fuente Álamo, aunque el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad lo han localizado en Lorca durante el asalto al Pleno del Ayuntamiento. Entre los investigados por este presunto delito de «desórdenes públicos (terrorismo)» también están José G. C., José M. R., Juan Antonio S. M. y Francisco Andrés R. B. Todos han sido citados para declarar en el Juzgado de Instrucción número 7 de Lorca el próximo 13 de junio a las 9.30 horas.

Tres meses antes se producirán las declaraciones de los denunciantes. Entre ellos están el propio Ayuntamiento de Lorca, el concejal de Izquierda Unida, Pedro Sosa, y tres de los agentes de la Policía Local que trataron de contener el asalto y que sufrieron heridas en el ejercicio de sus funciones. De hecho, la juez ha dictaminado también que dos de los tres policías se sometan a un reconocimiento médico-forense con el objetivo de determinar el alcance de las lesiones tras unos hechos que el alcalde de la localidad, Diego José Mateos, tildó el mismo día de «atentado contra la democracia».

Francisco Román Quiñonero, presidente de la Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino (Adespolorca), tendrá que acudir también a los juzgados el próximo 5 de abril para declarar, pero en su caso como testigo. Adespolorca, que cuenta con unos 800 miembros, fue una de las organizaciones convocantes de la protesta de ganaderos que precedió al asalto del Pleno. Román también mostró al día siguiente su «rechazo» a los altercados violentos ocurridos el 31 de enero. Pero vino a justificarlos en cierta manera al señalar que «a esta situación se llega por no querer hablar, por no querer escuchar», en referencia a la postura del Ayuntamiento de Lorca con la nueva normativa sobre las granjas de porcino.

Asimismo, la juez ha librado un oficio al Consistorio para que informe «de la hora convocada para el Pleno, si se llegó a iniciar el mismo y las causas de su no celebración». El representante legal del Ayuntamiento de Lorca tendrá que prestar declaración en los juzgados en este sentido el próximo 5 de abril.

Por otra parte, el Pleno municipal que tuvo que ser suspendido el pasado 31 de enero como consecuencia de los incidentes violentos está fijado para este martes 22 de febrero.