El juez exige 4 millones a Luceño en 48 horas para evitar el embargo

El juez acuerda oficiar al Punto Neutro Judicial -dependiente del Ministerio de Justicia- para que facilite los bienes muebles de valor y bienes inmuebles a nombre del investigado y de la citada sociedad. De igual modo, pide que se inste a la Agencia Tributaria para que facilite posibles pertenencias de Luceño en el extranjero.

Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, acuerda también que no ha lugar a la ampliación de la imputación por alzamiento de bienes y delito fiscal tanto para Luceño como para la sociedad de su propiedad. Una decisión que supone un respiro para el investigado, sobre el que pesan medidas cautelares dictadas por el juez para prevenir el riesgo de fuga.

El magistrado explica que hasta el momento sólo ha podido ser embargado un inmueble valorado en 1.107.400 euros, diversos vehículos de alta gama cuantificados en 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un importe de 129.140,70 euros.

Por tanto, alega que el importe de sus responsabilidades pecuniarias alcanza 6.206.644 euros, por lo que conforme al artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe fijarse una fianza de 4.023.966,94 euros, tal y como solicita el fiscal anticorrupción del caso, Luis Rodríguez Sol.

En otro apartado del auto, el juez rechaza imputar a Luceño y a su sociedad por un delito de alzamiento de bienes del artículo 257 del Código Penal, tal y como hizo con Luis Medina.

Alega el instructor que Luceño "no ha realizado disposiciones patrimoniales" tras su declaración ante la Fiscalía el 15 de abril de 2021, pues, como ha acreditado documentalmente su representación procesal, el dinero de las ventas de tres vehículos fue ingresado en las cuentas de la sociedad Takamaka Invest.

Además, el investigado ha aportado los relojes que se le han pedido -valorados en 42.000 euros- y justifica los gastos necesarios para su vida personal y vida mercantil de su sociedad.

Tampoco se amplía la imputación al delito fiscal, como solicitó la acusación popular representada por Podemos, ya que el delito por el que se inician las actuaciones es una estafa agravada con falsedad documental y blanqueo de dinero, sin que exista para la Fiscalía Anticorrupción un delito fiscal por cuanto Luceño podía constituir una sociedad para dedicarse a negocios, tributando la misma por impuesto de sociedades, sin perjuicio de la tributación como persona física.