El juez envía de nuevo a prisión a los cuatro miembros de los CDR que iban a ser liberados

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón resolvió este miércoles mantener en prisión provisional y sin fianza a los cuatro detenidos por delitos de terrorismo vinculados a los Comités de Defensa de la República (CDR), cuyos autos de prisión fueron anulados el martes por la Sala de lo Penal -órgano superior a juez instructor- al entender que hubo una deficiente información de los derechos de los detenidos en las piezas de situación personal.

El magistrado, en un hecho poco común, se vio obligado a celebrar de nuevos las vistillas para resolver si procedía o no mantenerlos en la cárcel. Lo hizo después del tirón de orejas de la Sala por restringir el derecho de defensa (una doctrina del Tribunal Constitucional de 2018 obliga a los instructores a detallar los hechos que les imputan a los detenidos cuando la causa está bajo secreto, como ocurría en su momento con la 'operación Judas').

Tras escuchar la opinión favorable de la Fiscalía para que siguieran en prisión, el juez reiteró este miércoles que persisten los motivos por los que acordó el pasado 26 de septiembre el encarcelamiento de Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón, Xavier Buigas y Alexis Codina, a quienes investiga junto a otras cinco personas por pertenecer presuntamente a los denominados Equipos de Respuesta Táctica (ERT), una facción «radical» y «clandestina» de los CDR, y planear supuestamente actos de sabotaje con explosivos como respuesta a la sentencia del 'procés.

Los delitos imputados son pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para la comisión de estragos. La resoluciones conocidas este miércoles señalan que concurren los requisitos (riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas) que justifican la adopción de la prisión preventiva.

El auto explica que de la información obtenida por la Guardia Civil y contrastada hasta el momento se ha podido constatar la existencia de una organización criminal «que cumple con las premisas consideradas como características esenciales de la criminalidad organizada». Por este motivo, permite al instructor investigar los hechos desde la perspectiva del artículo 573 del Código Penal (terrorismo) y no como meros actos de desórdenes públicos.

García Castellón reitera que existía «un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña» el día D, «encomendado» por un grupo «secreto» llamado CNI catalán. Según declaró uno de ellos, el president de la Generalitat «estaba de acuerdo».

También hace referencia a la planificación de uno de los investigados de «una reunión secreta in itiniere» con la hermana del expresidente Carles Puigdemont «con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras» entre el líder independentista huido y Quim Torra.

Existen, por lo tanto, «indicios racionales claros» de que las acciones llevadas a cabo por los investigados pretendían, dentro de «la estrategia global del movimiento independentista radical», lograr la «república catalana» por vías violentas.

También recuerda la fabricación del compuesto termita y otras «sustancias explosivas e incendiarias» en laboratorios caseros, la inspección de infraestructuras ferroviarias o torres de alta tensión y de sus labores en materia de telecomunicaciones.