La juez Mónica Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, ha rechazado investigar a la expresidenta autonómica Esperanza Aguire por la presunta modificación al margen de la ley de un contrato sanitario. La resolución desoye así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, ... que interesaba que la exministra fuera imputada por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la reducción de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
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En su auto, la juez justifica que para citar a Aguirre «se precisarían elementos probatorios de mayor consistencia para establecer la inferencia» de que su posición como presidenta, por elevacion, le hiciera tener alguna responsabilidad penal en los hechos denunciados.
Por el mismo motivo, descarta encausar al entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y a la exviceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez. Esta negativa será recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. En cambio, la juez secunda la petición de la Fiscalía para que declare como investigado el que fuera director general de Gestión Económica y de Compra de Productos Sanitarios, Jesús Alejandro Vidart.
El Ministerio Público defiende que esa reducción en el número de camas del Hospital Puerta de Hierro se habría realizado sin procedimiento administrativo, por lo que presumiblemente causó un quebranto económico al erario público superior a los 10 millones de euros.
Fue en diciembre de 2020 cuando Anticorrupción presentó una querella contra la que fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios entre abril de 2008 y julio de 2011 por presuntas irregularidades en las obras. Afirma que el contrato fue adjudicada por el consejero Güemes mediante orden de 18 de marzo de 2005 a la agrupación de empresas formada por Dragados, Bovis Lend Lease y SUFI.
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Dicha modificación dio cumplimiento y ejecutividad a la orden de cambio 44, de 28 de mayo de 2008, en virtud de la cual 135 habitaciones del citado hospital pasaron de ser dobles a individuales. Como sustento habilitante justificativo de dicho acuerdo, se invocó la resolución de 5 de mayo de 2008 de idéntica Dirección General dictada a requerimiento de «la presidenta de la Comunidad en la fecha de los hechos, resolución que, tal y como se ha comprobado a través de los oportunos requerimientos efectuados a la Consejería de Sanidad, no existió», justificaba el escrito en el caso de la responsabilidad de Aguirre y Güemes.
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