La juez que cesó a los investigadores del 'caso Nicolás' recibió una medalla policial

La juez de Madrid Pilar Martínez Gamo, instructora del caso del 'pequeño Nicolás' desde junio de 2017, recibió una medalla al mérito policial (distintivo blanco) apenas un año después de entrar en el juzgado. La distinción, que no conlleva ninguna gratificación económica, fue entregada por la Dirección General de la Policía a propuesta de la Brigada Provincial de Información de Madrid.

La concesión de la medalla llegó después de que la juez decidiera en otoño de 2017 disolver la comisión judicial del 'caso Nicolás', que llevaba tres años investigando la causa y que desenmascaró por el camino las actividades parapoliciales del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de ese año.

Un trabajo que fue boicoteado presuntamente desde la cúpula policial con un operativo de seguimiento, tal y como anotó Villarejo en su agenda personal. En dichas anotaciones se registraron, además, contactos con jefes policiales, miembros de la judicatura y de la política para lograr que el nombre del ex comisario preso saliera del caso y evitar así posibles daños mayores.

Martínez Gamo, que llegó desde Toledo al Juzgado de Instrucción número dos de Madrid en sustitución de Arturo Zamarriego -el instructor de la causa desde sus orígenes y quien decidió blindar en abril de 2015 al grupo investigador dirigido por el inspector Rubén López para evitar injerencias-, ha explicado a este periódico que la medalla policial se la concedieron por unas diligencias incoadas en diciembre de 2017 que nada tienen que ver con la instrucción del 'caso Nicolay'.

En concreto, señala la juez, la Brigada Provincial de Información de Madrid le propuso para la distinción apenas medio año después de llegar al juzgado por las diligencias sobre la desaparición de un elevado número de bombonas de butano de unas instalaciones de Vicálvaro (Madrid), el 8 de diciembre de 2017. El procedimiento que conllevó la adopción de «numerosas medidas de investigación» está en la actualidad pendiente de resolver, afirma Martínez Gamo. 

La Policía detuvo a dos personas por estos hechos y la juez les imputó delitos contra el patrimonio y simulación del delito. Los investigadores comenzaron las pesquisas ese mes de diciembre al tener conocimiento de la sustracción de un camión y de su mercancía, más de 1.800 bombonas de butano y propano. Pocos días después los agentes descartaron que el robo estuviera relacionado con alguna finalidad terrorista. La única motivación era la económica.

Tras llegar al Juzgado de Instrucción dos de Madrid procedente de un órgano Social de Toledo, la primera decisión de la magistrada en el 'caso Nicolay' fue proponer para juicio la pieza separada referida a la grabación ilegal entre agentes del CNI y el inspector López, que tuvo lugar seis días después de detener al 'pequeño Nicolás', en octubre de 2014 (de forma errónea se había informado de un primer archivo). Una causa que también se dirige contra Villarejo. Sin embargo, el resto de líneas de investigación abiertas por la comisión judicial contra el excomisario fueron desechadas a petición del fiscal, Alfonso San Román.

La explicación es que algunas tenían un «carácter netamente prospectivo», como una que vinculaba a Villarejo con la finca La Alamedilla (Toledo), que perteneció a Mario Conde. No obstante, el sumario del 'caso Tándem' en la Audiencia Nacional sí se ha hecho eco de estas pesquisas policiales y de las actividades parapoliciales del ex comisario preso.