El juez busca el dinero de la familia Pujol en 11 países

Según la Fiscalía Anticorrupción, la instrucción ha evidenciado que las principales empresas pagadoras han sido adjudicatarias de obras y servicios para las administraciones públicas, entre ellas las del ámbito territorial de Cataluña. La causa se estructura en una pieza principal y en las piezas separadas relativa a la constructora Isolux, las citadas comisiones rogatorias; la pieza procedente del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona iniciadas tras la confesión del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, sobre su fortuna en Andorra; y, finalmente, la pieza separada llamada Cat Helicopters, sobre los negocios del primogénito Jordi Pujol Ferrusola.

Los presuntos delitos investigados son cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos y blanqueo de capitales en el extranjero. Los investigados fueron inicialmente los citados, así como las mercantiles de las que eran titulares y administradores solidarios y/o apoderados. Posteriormente se han ampliado los investigados a otros administradores de las empresas pagadoras en calidad de servicios por no aportar elementos documentales que justificasen tales trabajos «por los que habrían pagado importantes cantidades a los inicialmente denunciados», según Anticorrupción.

Asimismo, del resultado de las diligencias de instrucción practicadas derivó la imputación de otras personas, el propio expresidente de la Generalitat de Cataluña y algunos de sus familiares directos. «Se ha comprobado que durante la investigación se ha sustraído capital y patrimonio a la acción de la justicia aprovechándose de la internacionalización de los sistemas financieros y de la dificultad de localizar y rastrear activos», remata la Fiscalía en la memoria anual.

El mismo juzgado de la Audiencia Nacional también investiga la llamada trama del 3%, «la presunta comisión de los ilícitos penales respecto de resoluciones administrativas de carácter arbitrario que afectarían de forma sistemática a los procesos de contratación pública, así como de posibles pagos de dádivas a alcaldes por parte de contratistas de obras públicas», según la Fiscalía.

Dada su extraordinaria complejidad se interesó la formación de 9 piezas separadas. A saber: la relativa a arrendamientos de locales (pendiente de juicio); la llamada «oposiciones» (pendiente de juicio); la de la mercantil Teyco (en fase de instrucción); Recogida de basuras (en instrucción); mercantil Efial (en instrucción); «Contrato de agua», (en instrucción); o la conocida como «Teatro Auditorio» (se investiga un delito de cohecho).