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Adolfo Lorente
Bruselas (Bélgica)
Jueves, 14 de diciembre 2017, 12:18
Carpetazo judicial, 'c'est fini'. El juez de instrucción de la Cámara del Consejo de Bruselas ha dado esta mañana oficialmente por cerrado la causa abierta en Bélgica contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers huidos, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell ... Serret. La decisión era la esperada después de que el pasado día 5, el juez del Supremo Pablo Llarena decidiese retirar las euroórdenes emitidas en su día por la Audiencia Nacional contra los cinco. La vista, celebrada pasadas las 11 de la mañana, ha durado apenas 5 minutos, según fuentes judiciales. Los abogados de la defensa esperaban algún que otro pronunciamiento criticando la decisión de la justicia española, pero al final no lo consiguieron.
Los cinco comparecieron por última vez ante este mismo juez el pasado 4 de diciembre para negarse a la extradición alegando que sus derechos fundamentales no serían respetados al ser «víctimas de una causa política». El magistrado debía pronunciarse hoy pero el día 5, apenas 24 horas después de su comparecencia, Llarena dio un giro de 180 grados al caso retirando las euroórdenes sabedor de que toda la estrategia jurídico-político de los encausados se basaba precisamente en ellas.
Se arriesgaban al hecho de ser extraditados pero beneficiándose quizá de ser enjuiciados sólo por delitos como la malversación. Los de rebelión y sedición, los mas graves, no están tipificados del mismo modo en el Cógico Penal belga y sus penas son muy inferiores, lo que podría haber llevado al juez a desestimarlos. No hay que olvidar que sólo pueden ser juzgados en España por los delitos por los que son extraditados. Los abogados de Puigdemont lo sabían y por ello eligieron Bélgica. Nada era causal. En Francia, por ejemplo, estos delitos están penados con cadena perpetua.
Ahora, Carles Puigdemont y sus exconselleres son cinco turistas más en Bélgica, sin causas judiciales pendientes. La duda es saber qué harán. Si quieren volver a Cataluña arriesgándose a ser arrestados o si prefieren quedarse en tierras belgas durante 20 años, el tiempo que tardan en prescribir los delitos de los que les acusan.
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